El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes el levantamiento de las sanciones que pesaban sobre el Banco Central de Venezuela y otras tres entidades financieras del país. La medida, publicada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) a través de su licencia 57, abre la puerta a que empresas e individuos puedan realizar transacciones y operar servicios financieros con esas instituciones, algo que hasta ahora estaba expresamente prohibido bajo la batería de restricciones impuestas por Washington a Caracas en los últimos años.
Las cuatro entidades beneficiadas por esta decisión son el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela o Banco Universal, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. Todas ellas son instituciones de titularidad o control estatal que habían quedado bloqueadas frente al sistema financiero internacional como parte de la política de presión económica que sucesivas administraciones estadounidenses aplicaron contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Con esta licencia, cualquier transacción que implique a estos cuatro organismos queda autorizada, siempre que se cumplan los requisitos específicos que establece el propio documento.
El anuncio llega en un contexto geopolítico cargado de matices. La administración del presidente Donald Trump, que durante su primer mandato fue uno de los impulsores más agresivos del régimen de sanciones contra Venezuela, ha dado en este segundo mandato señales contradictorias respecto a su política hacia Caracas. Por un lado, mantuvo e incluso amplió la presión migratoria y diplomática; por otro, ha explorado acuerdos puntuales relacionados con el acceso al petróleo venezolano y la devolución de ciudadanos deportados. Esta nueva licencia se enmarca en esa lógica de negociación selectiva, aunque Washington no ha ofrecido una declaración política detallada que explique el alcance estratégico del movimiento.
Las sanciones sobre Venezuela se intensificaron a partir de 2017 y alcanzaron su punto álgido entre 2019 y 2020, cuando la OFAC bloqueó activos del Banco Central y vedó el acceso del Estado venezolano a los mercados de deuda internacionales. El objetivo declarado era forzar una transición política, pero el efecto práctico fue agravar una crisis económica que ya se había cobrado una contracción del PIB superior al 70% entre 2013 y 2021, según estimaciones de organismos económicos internacionales. La hiperinflación, la escasez de divisas y el colapso del sistema bancario interno fueron en parte consecuencia directa de ese aislamiento financiero.
Para el sector privado venezolano y para las empresas extranjeras con intereses en el país, la medida supone una apertura práctica relevante. Hasta ahora, cualquier operación que rozara una entidad sancionada obligaba a solicitar licencias específicas o directamente a renunciar a operar en el mercado venezolano. La licencia 57 elimina esa barrera para las cuatro entidades mencionadas y podría facilitar, entre otras cosas, la liquidación de divisas, el pago de proveedores internacionales o el acceso a financiación externa para proyectos en el país.
Sin embargo, los analistas advierten de que levantar sanciones sobre el sistema bancario no equivale a una normalización de las relaciones bilaterales. Venezuela sigue figurando en múltiples listas de restricciones de la OFAC que afectan a individuos vinculados al Gobierno, a empresas del sector petrolero o a redes acusadas de narcotráfico y corrupción. El propio Maduro y buena parte de su entorno político permanecen bajo sanciones personales que no se han modificado con este anuncio. En ese sentido, la decisión es quirúrgica: abre un canal financiero concreto sin desmantelar el edificio sancionador en su conjunto.
Desde Caracas no se ha producido, hasta el momento de publicación de esta información, una reacción oficial pública ante el anuncio del Tesoro estadounidense. La relación entre ambos Gobiernos ha seguido una pauta de contactos discretos en los últimos meses, con intermediarios regionales facilitando conversaciones que rara vez trascienden a los medios. El levantamiento de estas sanciones bancarias podría interpretarse como un gesto de distensión técnica o como parte de un intercambio más amplio cuyos términos no son públicos.
Lo que sí resulta evidente es que la política de sanciones máximas aplicada durante años no logró los objetivos políticos que perseguía. Maduro sigue en el poder, las elecciones de 2024 fueron cuestionadas por organismos internacionales y la diáspora venezolana supera los siete millones de personas según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En ese contexto, la revisión gradual de las restricciones financieras apunta a un giro pragmático en la estrategia de Washington, más orientado a la gestión de intereses concretos que a la presión por un cambio de régimen.