El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este martes un informe en el que acusa al Gobierno anterior, liderado por Joe Biden, de haber utilizado con fines políticos la Ley de Libertad de Acceso a las Clínicas, conocida como Ley FACE, una norma federal concebida para garantizar que cualquier persona pueda acudir a un centro de salud reproductiva sin ser víctima de violencia, bloqueos físicos o intimidación.
Según el informe, la administración demócrata habría dirigido de forma selectiva la aplicación de esta ley contra manifestantes y activistas contrarios al aborto, en lugar de emplearla de manera neutral frente a cualquier conducta que obstaculizara el acceso a servicios médicos. El documento sostiene que esta estrategia de persecución selectiva convirtió una herramienta legal de protección ciudadana en un instrumento de presión ideológica.
Qué dice el informe del Departamento de Justicia
El texto publicado por el Departamento de Justicia no solo cuestiona la proporcionalidad de las actuaciones llevadas a cabo entre 2021 y 2025, sino que apunta a un patrón sistemático. Según la revisión realizada por los nuevos responsables del departamento, muchos de los procesados bajo la Ley FACE durante la etapa Biden eran personas que participaban en protestas pacíficas frente a clínicas de aborto, sin que existiera violencia acreditada en sus acciones.
La Ley FACE, aprobada en 1994, prohíbe tanto los actos de violencia como la obstrucción deliberada del acceso a instalaciones de salud reproductiva, y también protege a los centros religiosos y a los donantes de sangre. Su aplicación ha sido históricamente polémica, ya que distintas administraciones la han interpretado con mayor o menor amplitud según el contexto político.
El contexto del debate sobre el aborto en EE.UU.
Este informe llega casi cuatro años después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictara su sentencia en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization, que en junio de 2022 anuló la protección federal al derecho al aborto establecida en Roe contra Wade. Desde entonces, el movimiento provida y el movimiento a favor del derecho al aborto se han enfrentado en múltiples frentes: legislativo, judicial y en las calles.
Tras ese fallo, el Gobierno Biden impulsó una aplicación más activa de la Ley FACE, con un notable aumento de investigaciones y cargos contra activistas que bloqueaban el acceso a clínicas. Organizaciones de defensa civil como la American Civil Liberties Union (ACLU) celebraron en su momento esa mayor actividad del Departamento de Justicia, mientras que grupos provida denunciaron que se trataba de una persecución.
Ahora, con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca, la dirección del departamento ha dado un giro de ciento ochenta grados. El nuevo equipo ha archivado varios de esos casos abiertos y ha iniciado una revisión interna de las actuaciones del periodo anterior, de la que este informe es la primera conclusión pública relevante.
Reacciones y posibles consecuencias
El informe no ha tardado en generar respuestas encontradas. Representantes demócratas en el Congreso han rechazado las conclusiones del documento y han advertido de que desmantelar la aplicación de la Ley FACE deja sin protección real a las mujeres que buscan servicios de salud reproductiva. Desde organizaciones feministas se ha señalado que el verdadero objetivo del informe es disuadir futuras investigaciones contra quienes bloquean o acosan a pacientes y personal sanitario en estos centros.
Por su parte, grupos provida han aplaudido el informe y han pedido que se revisen todas las condenas firmes dictadas al amparo de la Ley FACE durante la etapa Biden. Algunos de los afectados, condenados a penas de prisión tras protestas en clínicas, han sido ya objeto de indultos presidenciales por parte de Trump desde el inicio de su segundo mandato.
La publicación de este informe se enmarca en una estrategia más amplia del actual Ejecutivo, que desde enero de 2025 ha revertido numerosas políticas del Gobierno anterior en materia de aborto, tanto a nivel federal como en su presión sobre los estados. Según datos del Guttmacher Institute, organización de investigación en salud sexual y reproductiva, más de una veintena de estados tienen en vigor restricciones totales o parciales al aborto desde la caída de Roe v. Wade.
Lo que queda por resolver es si el informe tendrá consecuencias legales concretas para exfuncionarios del Departamento de Justicia de la era Biden o si su alcance se limitará al plano político y comunicativo. La batalla en torno a la Ley FACE, como tantos otros frentes del debate sobre el aborto en Estados Unidos, está lejos de cerrarse.