Las principales operadoras europeas han mostrado una fuerte oposición a la propuesta de la Comisión Europea para la nueva ley de ciberdefensa, conocida como Cibersecurity Act (CSA). Connect Europe, la patronal que reúne a 34 compañías de telecomunicaciones como Telefónica, Orange, Deutsche Telekom y GSMA Europe, ha presentado una enmienda a la totalidad contra la norma en vigor que busca vetar a proveedores considerados de riesgo, principalmente chinos como Huawei y ZTE.
Este grupo argumenta que la CSA, y en concreto el Título IV, considera una obligación inviable sustituir en un plazo máximo de 36 meses todos los equipos instalados de estos proveedores en redes móviles. Las telecos advierten que esta medida conllevaría un despliegue masivo de "arrancar y reemplazar" (rip and replace) infraestructura que supondría un desvío de recursos técnicos y financieros que podrían superar los decenas de miles de millones de euros.
Además, destacan la falta de personal especializado necesario para llevar a cabo este reemplazo, que sacaría a técnicos cualificados de proyectos clave orientados a innovaciones como el 6G, la inteligencia artificial aplicada a redes, y la seguridad poscuántica. Este desequilibrio podría afectar la evolución tecnológica y la estabilidad operativa, aumentando el riesgo de fallos o interrupciones en el servicio, con un impacto negativo en los usuarios.
Otro punto central de controversia es la competencia para regular la seguridad nacional. Las telecos defienden que deben ser los estados miembros quienes mantengan esta responsabilidad, dado que la actual diversidad de regulaciones nacionales ha provocado respuestas dispares ante la presencia china en las redes. Por ejemplo, España aprobó un decreto en 2022 que permitía declarar a ciertos proveedores como de riesgo y sustituirlos, pero no ha catalogado a Huawei o ZTE como tal, a diferencia de Reino Unido o Suecia.
El posicionamiento de Connect Europe y GSMA va más allá de la prohibición en redes móviles, además se oponen a extender estos vetos a infraestructuras de redes fijas y constelaciones satelitales. Los grupos empresariales también critican el aumento de complejidad burocrática que supondrá la CSA, que va en contra del objetivo deseado de simplificar la regulación en materia de ciberseguridad.
Por otro lado, apoyan un fortalecimiento de Enisa, la agencia europea de ciberseguridad, proponiendo que esta mantenga su independencia técnica para conservar credibilidad entre los gobiernos y el sector, evitando injerencias políticas que puedan comprometer su función.
En resumen, la industria europea de telecomunicaciones considera que la actual redacción de la ley pone en riesgo la estabilidad de las redes esenciales, genera una carga económica desmedida y frena el desarrollo tecnológico futuro. Exigen a las instituciones europeas una revisión profunda para equilibrar la seguridad con la viabilidad técnica y económica de las empresas, y apuestan por mantener ciertos grados de autonomía nacional en materia de ciberseguridad.
Esta disputa se suma a las tensiones geopolíticas globales con China, un proveedor que continúa siendo clave en infraestructuras europeas a pesar de los recelos y restricciones progresivas impulsadas en varios países. El debate acerca de cómo defender la seguridad digital de la UE sin dañar la competitividad y la innovación tecnológica continuará en la agenda política en los próximos meses.
Más información sobre la propuesta europea está disponible en el sitio oficial de la Comisión Europea, mientras que Connect Europe ofrece detalles sobre las preocupaciones del sector en su comunicado público.