La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está cerca de suprimir la regulación que controla el acceso a las infraestructuras físicas de Telefónica, conocidas como ductos, que incluyen conductos subterráneos, arquetas, registros o postes telefónicos. Este cambio podría hacerse efectivo en cuestión de semanas, lo que pondría fin a la última regulación tradicional del sector telefónico sobre el operador histórico.

Actualmente, la regulación llamada MARCo (Oferta de Referencia del Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos) fija los precios que Telefónica puede cobrar a sus competidores por usar sus ductos. Sin embargo, la CNMC está valorando aceptar compromisos voluntarios de la compañía que, de aprobarse, sustituirían esta regulación. Tras la aprobación en el Consejo de la CNMC, el acuerdo será enviado a la Comisión Europea para su revisión, y se espera una decisión final antes de acabar el año.

El acceso a estos ductos es clave para los operadores rivales, pues muchos han desplegado sus redes aprovechando las infraestructuras de Telefónica debido a su menor coste y disponibilidad, algo que no igualan otros proveedores como ayuntamientos o compañías eléctricas y de gas. Cambiar esta situación implicaría un gasto elevado y poco viable económicamente para estos competidores.

Otro punto delicado es la fijación de precios. Los competidores, como MásMóvil, Digi, Vodafone, Onivia o PremiumFiber, han expresado preocupación ante posibles subidas de tarifas, que podrían afectar su viabilidad. Ya han recurrido dos veces a Bruselas para pedir que se mantenga una regulación basada en los costes. En su última comunicación, alertaron de que incrementos en precios podrían fomentar una "remonopolización" del mercado.

Impacto económico y evolución de precios

A pesar de las quejas, el impacto real de un incremento en los precios de acceso a ductos para los rivales sería limitado. Telefónica obtiene alrededor de 100 millones de euros anuales por este concepto, lo que representa aproximadamente 2 euros al año por cada uno de los cerca de 50 millones de accesos de fibra que utilizan estas infraestructuras. Supondría un 0,4% a 0,6% del coste total mensual de un acceso de fibra, un porcentaje bajo en comparación con los precios promedio que oscilan entre 25 y 35 euros mensuales.

La tendencia en los precios ha sido a la baja en los últimos años. Aunque en 2025 la CNMC autorizó una subida del 11%, el coste actual de acceso se sitúa en un 61% respecto a los niveles de 2011. Este descenso ha sido fruto de reducciones progresivas, la más reciente en mayo de 2021.

Para Telefónica, sin embargo, cualquier subida prolongada en el precio del acceso a ductos significaría un incremento directo en su rentabilidad, ya que no implicaría mayores costes de operación. Esta fuente de ingresos impactaría positivamente en el EBITDA y la generación de caja del grupo.

El final de una etapa regulatoria

La desregulación del negocio de los ductos dejará solamente un sector de las telecomunicaciones con regulación ex ante orientada a precios en España: el mercado de transporte y difusión de señales de radiotelevisión. En este rubro, Cellnex, sucesor de la infraestructura de Retevisión y clave para la difusión de la TDT, está avanzando ante la CNMC para sustituir su regulación actual por compromisos voluntarios, siguiendo un proceso similar al de Telefónica.

La posible desaparición de esta regulación sobre los ductos representa un paso más en la liberalización del sector telecomunicaciones en España, con posibles consecuencias en la competencia y precios dentro del mercado de redes de fibra óptica. La CNMC y Bruselas valorarán que esta transición mantenga el equilibrio entre fomentar la competencia y permitir la sostenibilidad económica de los operadores.