La propuesta para transferir los fondos de las mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) solo cuando se produzca la jubilación genera debate en el sector. Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Mutualidad –principal entidad de previsión complementaria para autónomos, especialmente abogados–, ha mostrado su visión crítica y cautelosa ante las reformas discutidas en el Congreso y el Senado tras dos años de proceso.
Actualmente, cerca de 100.000 autónomos cotizan en mutualidades en lugar de hacerlo al RETA, con unos 50.000 pertenecientes a la Mutualidad de la Abogacía. Este sistema alternativo no está sujeto al Régimen General de la Seguridad Social, sino que funciona con capitalización individual. La reforma prevista por la Seguridad Social busca transferir los fondos de estas mutualidades al sistema público, con ajustes derivados de las enmiendas presentadas por PP y Junts en las cámaras legislativas.
Sin embargo, el verdadero desarrollo y concreción de la reforma depende ahora del reglamento que debe aprobarse en los meses siguientes a la entrada en vigor de la norma. Entre las cuestiones pendientes está el coeficiente de conversión de las aportaciones para pasarlas al RETA, que las últimas enmiendas sitúan entre el 0,67 y el 0,87, una cifra que determinará el importe final transferido.
Enrique Sanz insiste en que la transferencia de activos debe realizarse de manera ordenada y escalonada, vinculándose a la reales prestaciones —jubilación, incapacidad o fallecimiento— evitando movimientos bruscos de capital que dañen la estabilidad financiera de las mutualidades y el mercado de deuda pública. Esta petición apunta a que la salida de los fondos no se haga de forma inmediata sino gradual, en función de las necesidades del sistema.
En cuanto a los mutualistas ya jubilados, que permanecerán fuera de esta pasarela, Mutualidad reclama que el sistema público mantenga los complementos a mínimos que ya garantiza a pensionistas, financiados vía presupuestos generales y no por contrapartida contributiva, para asegurar que no pierdan protección social.
Este debate muestra un claro componente político, más que técnico. La falta de datos públicos y cifras oficiales de la Seguridad Social dificulta estimar el impacto económico exacto de la medida, situando el diseño final de la reforma en un ámbito dominado por negociaciones políticas e intereses diversos.
Un logro relevante para Mutualidad es la conservación de la alternativa a la Seguridad Social para nuevos autónomos. Tras la propuesta inicial que buscaba obligar a los nuevos trabajadores por cuenta propia a inscribirse en el RETA, las enmiendas han permitido mantener la opción de cotizar en mutualidades, garantizando a los profesionales con capacidad de ahorro la posibilidad de gestionar su previsión bajo modelos de capitalización individual.
Este enfoque defiende la libertad de elección y reconoce que ambos sistemas pueden convivir, destacando que desde 2006 ha habido un decrecimiento natural del mercado alternativo, ya que muchos profesionales inician actividad por cuenta ajena y acceden al Régimen General. Se prevé una evaluación en 2030 para analizar la adaptación del sistema y su sostenibilidad.
En definitiva, Mutualidad apuesta por un modelo transparente y sostenible que garantice la estabilidad financiera del colectivo mutualista y del sistema público, evitando improvisaciones y protegiendo los derechos de sus asociados. El entorno regulatorio sigue abierto, con decisiones pendientes que definirán en los próximos meses la operativa de esta transferencia y el futuro de la opción mutualista.
Para conocer más detalles sobre el sistema de mutualidades puedes consultar la información oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, el debate legislativo y las enmiendas están recogidas en las actas del Congreso y Senado accesibles a través de los portales oficiales del Parlamento.