El debate sobre la pasarela que permite a los mutualistas alternativos migrar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha dado un giro importante en el Senado. El Partido Popular (PP) ha modificado sus posturas previas y ha presentado una enmienda que dificulta el acceso a este colectivo, especialmente a los mutualistas jubilados.
Inicialmente, en junio, el PP había impulsado una enmienda en el Congreso que abría la transición al RETA no solo para los mutualistas activos, sino también para aquellos que ya habían cotizado al menos quince años en la Seguridad Social y, lo que es más relevante, para los mutualistas pasivos, o sea, los jubilados que perciben pensiones de la mutualidad. Esta medida beneficiaba a unos 100.000 mutualistas activos y alrededor de 20.000 pasivos, conforme a los datos oficiales.
La propuesta inicial del Gobierno, que originó esta ley promovida por el PSOE, pretendía excluir a los jubilados de esta pasarela para evitar un impacto financiero en la Seguridad Social, que según sus cálculos podría superar los 5.200 millones de euros. Sin embargo, las enmiendas aprobadas en el Congreso, con la intervención del PP, ampliaban el grupo de beneficiarios, lo que generó preocupación financiera.
En este contexto, el PP ha reculado en el Senado y ahora plantea una limitación que impide el acceso al RETA a quienes ya están cobrando una pensión pública o de la mutualidad, salvo en caso de pensión de viudedad. Esta disposición revertiría la inclusión de los pasivos, conforme a la enmienda número 27 presentada por el grupo popular y consultada por Expansión.
Además de esta exclusión, el PP ha revisado parcialmente la manera en que se computan las cotizaciones ya realizadas en las mutualidades. Originalmente, se había aprobado que cada año cotizado en la mutualidad equivaliera a un año completo en el sistema de la Seguridad Social, sin importar la base de cotización. Ahora, el PP propone aplicar un coeficiente de conversión, que variará entre 0,67 y 0,87, para ajustar ese cálculo y evitar que se otorgue un crédito total que no refleje las bases reales cotizadas.
Esta fórmula matiza el llamado "uno por uno" que había sido aprobado anteriormente, limitando su aplicación al cálculo de la base reguladora de la pensión, pero no para equiparar automáticamente las bases de cotización en el RETA. Con esta medida, se ajusta la cuantía de la pensión calculada para los mutualistas que decidan pasar al RETA.
Para los mutualistas que tengan 52 años o más al 31 de diciembre de 2026, se contempla un trato especial: cada mes completo cotizado en la mutualidad será considerado también como mes completo en el RETA. Asimismo, para quienes comenzaron su actividad antes del 10 de noviembre de 1995 y estuvieron obligatoriamente en una mutualidad, todo ese tiempo se reconocerá como alta en el Régimen de Autónomos, lo que garantiza cierta compensación para veteranos profesionales.
Este cambio se produce en el marco del trámite de enmiendas en el Senado, que podría modificar finalmente el alcance y los requisitos para los más de 100.000 mutualistas alternativos en España. Según las fuentes parlamentarias, el coste estimado de mantener la inclusión de jubilados y la equivalencia uno por uno total se acerca a los 5.200 millones de euros, una cifra relevante para la sostenibilidad del sistema público.
El gobierno busca equilibrar la protección social sin generar desequilibrios financieros que perjudiquen la viabilidad de la Seguridad Social a largo plazo. La exclusión de los pensionistas pasivos refleja esa preocupación y responde a la necesidad de controlar los gastos adicionales vinculados a la ampliación de derechos para los mutualistas.
Actualmente, España cuenta con un sistema dual para los autónomos alternativos: una mutualidad de previsión social y el RETA tradicional. Esta pasarela entre ambos regímenes ha sido un tema recurrente en la agenda legislativa, con debates intensos sobre los derechos adquiridos, las cantidades a reconocer y las condiciones para migrar de un régimen a otro sin perder beneficios.
A pesar de que el PP había apoyado inicialmente una propuesta más amplia, su última enmienda indica una vuelta al planteamiento original del Gobierno, buscando limitar el impacto económico. Este movimiento pone en riesgo la posibilidad de que unos 20.000 mutualistas jubilados puedan integrarse en el RETA y acceder a ciertas prestaciones que solo este régimen ofrece.
El resultado final de la votación en Senado será decisivo y todavía está pendiente, aunque el margen de maniobra para mantener a los jubilados en esta pasarela parece reducido. Este ajuste también podría afectar la confianza de mutualistas que esperaban una movilidad completa entre los sistemas.
La controversia parisina podrá verse pronto resuelta, pero el caso refleja las dificultades del sistema español para compatibilizar protección social, sostenibilidad financiera y equidad entre regímenes en un contexto de envejecimiento poblacional y presión presupuestaria.
Para seguir el desarrollo de esta legislación y las repercusiones para los autónomos alternativos y pensionistas, es recomendable consultar fuentes oficiales como el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portales especializados en legislación laboral y previsional.