Julio Iglesias ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, por supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor e intimidad personal. El cantante reclama que Díaz reconozca públicamente que sus comentarios constituían una intromisión y demande una indemnización de 50.000 euros por daños morales.
La controversia surge a raíz de declaraciones realizadas por Díaz en enero en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa 'La Hora de la 1' de RTVE. En esos mensajes, la vicepresidenta respaldó los testimonios de dos exempleadas de Iglesias que le acusaban de abusos sexuales y condiciones laborales abusivas, relación que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por motivos jurisdiccionales.
Según la demanda, Díaz, al ser una figura pública de alto rango, difundió prejuicios claros de culpabilidad contra Iglesias, asegurando que en su domicilio se producían abusos sexuales y que sus trabajadores estaban sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud, afectando gravemente su reputación. La acción legal también solicita que se retracte públicamente y cubra los costes del proceso judicial.
Paralelamente, Iglesias ha interpuesto una querella en los juzgados de Madrid contra varios periodistas de elDiario.es, incluyendo a su director Ignacio Escolar. El cantante acusa al medio de publicar informaciones con comentarios falsos e injuriosos en un intento de menoscabar su imagen pública y dañar su reputación.
Estos procedimientos emergen tras una investigación periodística que destapó la denuncia contra Julio Iglesias por parte de sus exempleadas, acusaciones que incluyeron trata de seres humanos, abusos sexuales y vulneración de derechos laborales. Sin embargo, esta denuncia fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia de los tribunales españoles. La relevancia de esta información llevó a Yolanda Díaz a manifestarse públicamente en apoyo a las mujeres afectadas y al trabajo de las periodistas que sacaron a la luz los hechos.
La demanda de conciliación previa presentada por Iglesias contra la vicepresidenta concluyó sin acuerdo, ya que Díaz rechazó retractarse asegurando que sus declaraciones no dañaron la reputación del cantante. Por eso, Iglesias ha decidido llevar el caso al Tribunal Supremo por la vía civil.
En cuanto a elDiario.es, tras negar la retractación solicitada, mantiene su postura y defenderá en los tribunales la veracidad y el rigor de las informaciones que publicó, basadas en una investigación que duró tres años. Ignacio Escolar ha declarado que continuarán firmes frente a las presiones, priorizando la publicación de datos contrastados y veraces.
Este conflicto judicial pone sobre la mesa la difícil línea entre la libertad de expresión y la protección del honor personal en casos mediáticos vinculados a acusaciones relevantes para la opinión pública. Mientras tanto, la justicia española habrá de determinar si se produjo una intromisión ilegítima o si las declaraciones de Díaz y los periodistas forman parte del ejercicio protegido del derecho a informar y opinar.
Para ampliar sobre los procedimientos legales, puede consultarse la legislación sobre el honor y la libertad de expresión en el Código Civil español y el desarrollo judicial de casos similares recogido en fuentes jurídicas especializadas.