El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, por una supuesta "intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad personal". Iglesias reclama una indemnización de 50.000 euros por los daños morales que atribuye a las declaraciones de Díaz realizadas en enero de 2026.
Las palabras de la vicepresidenta tuvieron lugar en su cuenta de Bluesky y durante su intervención en el programa "La Hora de La 1" de RTVE, tras la difusión de una denuncia presentada por dos antiguas empleadas de Julio Iglesias que lo acusaban de delitos relacionados con abuso sexual y condiciones laborales irregulares. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigar estos hechos.
En la demanda, Iglesias pide que el Supremo declare que Díaz vulneró su derecho al honor y solicita además que ella se retracte públicamente, indemnice al cantante con 50.000 euros y asuma las costas del procedimiento judicial. Según la defensa del artista, las declaraciones de la vicepresidenta transmitieron a la opinión pública una imagen de culpabilidad respecto a los supuestos abusos sin esperar a una resolución judicial.
Paralelamente, Julio Iglesias ha presentado una querella en los juzgados de Madrid contra varios periodistas de elDiario.es, incluido su director Ignacio Escolar. El cantante atribuye a estos periodistas presuntos delitos de injurias, calumnias y ataques contra su integridad moral por las informaciones publicadas sobre el caso. Iglesias solicita la retirada cautelar de esos contenidos que, según su defensa, contienen afirmaciones falsas con el objetivo de perjudicar su reputación.
El origen del conflicto judicial está en la denuncia inicial de dos ex empleadas del cantante, quienes acusaron a Iglesias de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneraciones a derechos laborales. Sin embargo, la Fiscalía decidió archivar el procedimiento por falta de competencia territorial. Tras la filtración de la denuncia, Yolanda Díaz calificó en redes sociales y medios públicos de "escalofriantes" los testimonios, aludiendo a abusos sexuales y condiciones análogas a la esclavitud basadas en una estructura de poder sostenida mediante la agresión.
Díaz también agradeció públicamente a las denunciantes y al equipo periodístico de elDiario.es por su trabajo informativo. Por su parte, Iglesias sostiene que estas declaraciones transmitieron una presunción de culpabilidad sin resolución judicial y dañaron gravemente su honor.
Previo a la presentación de la demanda, ambas partes participaron en un acto de conciliación que concluyó sin acuerdo. Yolanda Díaz rechazó retractarse, argumentando que sus afirmaciones no lesionaban el honor ni la reputación del cantante. Respecto a la querella contra elDiario.es, también hubo una conciliación que terminó sin solución. Ignacio Escolar afirmó que el medio mantendrá su postura y defenderá sus informaciones, apoyándose en una investigación rigurosa realizada a lo largo de tres años con datos verificados.
Este caso se enmarca en un debate amplio sobre la reputación de figuras públicas y el límite entre la libertad de expresión y el respeto a derechos como el honor y la intimidad. Julio Iglesias busca judicialmente reparar el daño moral que atribuye a declaraciones y publicaciones periodísticas que asocian su imagen con acusaciones graves, archivadas por la Fiscalía, pero muy mediáticas.
La resolución del Tribunal Supremo será clave para establecer criterios sobre cómo deben abordarse afirmaciones públicas realizadas por autoridades políticas y medios de comunicación cuando afectan la reputación de personas sin una condena judicial previa.
Para más información, puede consultarse la nota oficial de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las declaraciones públicas de Yolanda Díaz en RTVE.
Según la información de El País, esta disputa judicial podría sentar precedentes en casos similares.
También puede revisarse el comunicado de elDiario.es sobre la querella y su defensa de la investigación periodística.
Este suceso suma un capítulo más en la interacción entre la política, el periodismo y la justicia en España, con resonancia en el debate social sobre las responsabilidades y consecuencias de las palabras públicas.