El CEO de KPMG Australia, Andrew Yates, ha presentado su dimisión inmediata tras reconocer que la firma no realizó con rigor las investigaciones internas sobre denuncias de un ex empleado que alertó de uso indebido de datos confidenciales en procesos de auditoría.

El conflicto salió a la luz en marzo, cuando un senador australiano hizo públicas las acusaciones de un exempleado sobre la manipulación y divulgación inapropiada de información sensible para ganar contratos en licitaciones. Estas denuncias afectan directamente a la integridad y transparencia de la filial australiana de una de las Big Four, un grupo global de auditoría y consultoría.

No es el primer escándalo de este calibre en el sector en Australia. En 2023, PwC Australia enfrentó un escándalo similar, que derivó en que su matriz global asumiera el control de la filial local tras descubrirse el uso indebido de datos confidenciales obtenidos en asesorías gubernamentales para beneficiar a clientes en evasión fiscal.

KPMG inicialmente defendió la integridad de sus procesos y desestimó las acusaciones como infundadas, aunque impuso sanciones disciplinarias a algunos empleados en abril. Sin embargo, el viernes pasado, la empresa admitió que la investigación interna no había cumplido con los estándares adecuados ni las expectativas del denunciante ni de la sociedad en general. Pocas horas después se anunciaron las renuncias tanto de Yates como de Julian McPherson, socio responsable nacional de auditoría y aseguramiento.

En un comunicado, KPMG afirmó que "la respuesta a las denuncias y la investigación fueron deficiente, fallando en respaldar los valores y cultura que promovemos en la firma". Por su parte, Yates señaló que siempre ha defendido una cultura de apoyo a los denunciantes, reconociendo que en este caso se ha fallado a esa convicción.

Las acusaciones principales, presentadas por la senadora Deborah O'Neill —quien también investigó el caso de PwC—, señalan que empleados de KPMG accedieron a documentos confidenciales de Lendlease, una importante promotora inmobiliaria y cliente auditado, con el fin de negociar contratos para otras empresas. Entre estas empresas se encuentra el banco Westpac, el cual logró arrebatar a PwC la cuenta en 2024.

Igualmente, se cuestiona la ética en la obtención del contrato de auditoría de Macquarie, otra cuenta obtenida en detrimento de PwC, y se denuncian intercambios inapropiados de información entre empleados de KPMG para lograr otros contratos.

El denunciante, antiguo empleado del área de auditoría, notificó por primera vez sus inquietudes durante el 2024. La primera investigación interna de KPMG no detectó irregularidades, pero tras reconocer que fue insuficiente, se puso en marcha una tercera revisión a cargo de un despacho de abogados externo.

Además, el denunciante llevó sus preocupaciones a instancias superiores como el consejo de administración independiente de KPMG, la dirección global de KPMG y la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). Esta última anunció que ha iniciado su propia investigación sobre los hechos denunciados.

Este caso pone en evidencia los retos en la gestión interna y la supervisión ética de firmas auditoras globales, cuyo papel es fundamental para garantizar la confianza en los mercados financieros. La presión sobre las Big Four en Australia y globalmente aumenta, y la reputación sectorial depende cada vez más de una gestión transparente y responsable.

Para más detalles sobre regulación financiera y auditorías, se puede consultar el sitio oficial de la ASIC y las actualizaciones del Financial Times.