Quince consejeros delegados de grandes aerolíneas europeas, entre ellos los de IAG, Ryanair y Volotea, han enviado una carta conjunta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para expresar su oposición a la posible ampliación del Régimen Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) en el sector de la aviación.

Los altos ejecutivos advierten que extender el alcance del ETS a los vuelos fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) podría provocar un aumento significativo en los costes operativos de las aerolíneas, repercutiendo en el precio final de los billetes para los pasajeros. Según la carta, esta medida también conllevaría una pérdida de conectividad para Europa, ya que podría desviar tráfico aéreo y carga hacia aerolíneas y aeropuertos fuera del bloque comunitario, debilitando a las empresas con sede en la UE.

Entre los firmantes destacan Luis Gallego, CEO de IAG, que agrupa a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level; Carlos Muñoz, CEO de Volotea; y Michael O'Leary, líder de Ryanair. También apoyan la carta los responsables de otras pesos pesados, como Air France-KLM, Lufthansa, easyJet y Norwegian.

En el documento, los directivos expresan su preocupación por que la ampliación se traduzca en una pérdida de competitividad a nivel internacional. Señalan que la inclusión de vuelos extracomunitarios en el régimen ETS elevaría las tarifas aéreas y el coste de transporte de mercancías, afectando a pasajeros y empresas europeas. Asimismo, critican que un sistema más restrictivo podría fomentar que pasajeros y carga opten por aerolíneas no europeas que no estarían sujetas a dichas obligaciones, lo que resultaría en un efecto contraproducente para los objetivos climáticos.

El Régimen Europeo de Comercio de Emisiones es un sistema implementado por la Unión Europea para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las compañías reciben permisos gratuitos para emitir una cantidad determinada de CO2 pero deben comprar derechos adicionales en el mercado si superan esa cuota. El calendario de reducción gradual de estos permisos gratuitos implica que las aerolíneas tendrán que pagar por la totalidad de sus emisiones a futuro para lograr la descarbonización gradual del sector.

Los firmantes solicitan que el coste efectivo de los ETS esté en línea con el sistema Corsia, un programa de compensación global voluntario para vuelos internacionales que actualmente sigue un enfoque menos restrictivo. Consideran que una expansión demasiado agresiva del ETS dentro de la UE podría minar la legitimidad de Corsia, que es la principal iniciativa del sector para abordar las emisiones en el medio y largo plazo bajo condiciones homogéneas.

Las aerolíneas calculan que en 2024 pagaron 2.300 millones de euros por derechos de emisión bajo el ETS, una cifra que podría aumentar hasta 5.000 millones en 2030 si se mantiene la tendencia. Por ello, subrayan que la aviación afronta costes de descarbonización mucho más altos que otros medios de transporte y reclaman que Bruselas refuerce los apoyos al desarrollo y uso de combustibles de aviación sostenibles (SAF), que son esenciales para reducir la huella de carbono.

Esta carta se suma a recientes peticiones similares, como la de Destination 2050, una alianza europea de la industria aérea que también ha manifestado su preocupación por el riesgo de distorsión competitiva. Ambos grupos urgieron a la Comisión a preservar el alcance geográfico actual del ETS para evitar que aerolíneas y aeropuertos de terceros países obtengan ventajas injustas sobre las compañías comunitarias.

Se espera que Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para la Transición Ecológica y Justa, presente la propuesta definitiva sobre el reglamento ETS el próximo 15 de julio. Esta revisión afectará no solo a las aerolíneas sino a sectores industriales adicionales en el marco de las políticas verdes europeas.

El contexto de esta discusión se inscribe en los objetivos climáticos de la UE para 2030 y 2050, que exigen una reducción significativa de las emisiones contaminantes en todos los sectores económicos. La aviación, aunque responsable de un porcentaje relativamente pequeño del total de emisiones, es uno de los más difíciles de descarbonizar debido a su dependencia actual del combustible fósil.

Además, la competitividad global del sector aéreo europeo está en juego, especialmente frente a regiones que aplican regulaciones ambientales menos rigurosas. Distorsiones en el mercado podrían incentivar movimientos de flujos aéreos hacia fuera de la UE, con consecuencias económicas y ambientales contraproducentes.

Frente a este dilema, las aerolíneas proponen equilibrar la presión regulatoria con incentivos efectivos para tecnologías más limpias y combustibles renovables, buscando una transición viable que garantice la competitividad y conectividad europea sin sacrificar los compromisos climáticos.

Este debate refleja la complejidad de integrar objetivos ambientales con realidades económicas en un sector estratégico para la movilidad y el comercio mundial. La decisión que adopte la Comisión Europea en las próximas semanas marcará una hoja de ruta clave para la aviación y su papel en la transición ecológica en Europa.

Para más detalles, puede consultarse el comunicado oficial de IAG, así como las declaraciones disponibles en la web de Ryanair y el seguimiento de la Comisión Europea en su sitio web oficial.

En definitiva, el sector aéreo europeo enfrenta un reto doble: avanzar con firmeza hacia la sostenibilidad sin perder la competitividad frente al mercado global, una tarea en la que las decisiones regulatorias y las respuestas de la industria serán cruciales en los próximos años.