A solo dos días de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) programada para este miércoles, trece comunidades autónomas con régimen común han solicitado al Ministerio de Hacienda aplazar el encuentro, donde se buscaría aprobar la reforma de la financiación autonómica. Solo Canarias y Cataluña no se han sumado a esta petición. Esta carta fue enviada al ministro Arcadi España el lunes, reclamando posponer la votación hasta septiembre para evitar una aprobación precipitada.

Las regiones firmantes son Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla. Por el contrario, Castilla-La Mancha y Asturias, también con gobiernos socialistas, mantienen su oposición al modelo presentado, mientras que Canarias ha anunciado su apoyo reciente a la propuesta de Hacienda.

Los consejeros de estas comunidades critican que la propuesta, compartida el 6 de julio, se pactó con una única parte sin la participación amplia de todas las autonomías involucradas. Según la carta, Hacienda pretende aprobar un modelo sin tiempo suficiente para un análisis profundo, vulnerando de este modo el principio de consenso necesario para un cambio estructural de esta naturaleza.

Un punto crítico señalado es la tardanza en la entrega de la documentación completa del comité técnico del CPFF, retrasada hasta el 24 de julio. Esto significa que las autonomías dispondrían solo de tres días hábiles antes de la votación para revisar observaciones importantes que afectan elementos estructurales del modelo. Los firmantes argumentan que este calendario impide un examen detallado y riguroso.

La ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado aprobados también forma parte de los motivos para el aplazamiento. El Congreso rechazó la senda de estabilidad y los objetivos de déficit que el Ministerio de Hacienda había propuesto recientemente, lo que, a juicio de las comunidades, deja la reforma sin el marco presupuestario consolidado necesario para garantizar seguridad y rigor.

El sistema de financiación autonómica regula los recursos para que las comunidades sostengan servicios públicos esenciales. Por ello, los gobiernos autonómicos remarcan que no rechazan la reforma, sino que la reclaman, pero insisten en que debe abordarse con total participación, con documentación completa y con un tiempo suficiente para su análisis profundo.

El Ministerio de Hacienda ha defendido que la reforma es urgente para modernizar el sistema actual, pero la falta de consenso amenaza con dilatar su aprobación. Sin un acuerdo amplio y con la presión de aprobar cambios estructurales sin un soporte claro, el proceso aumenta la incertidumbre sobre cómo se financiarán en el futuro las autonomías.

Este escenario refleja los desafíos que enfrentan España y sus comunidades para pactar un sistema de financiación justo y sostenible, que responda a las demandas actuales y garantice la estabilidad fiscal. La reunión del CPFF, prevista inicialmente para esta semana, podría aplazarse finalmente para facilitar un diálogo más amplio y detallado.

Para seguir el avance de esta cuestión, pueden consultarse las últimas novedades en la web del Ministerio de Hacienda y el seguimiento que hace EXPANSIÓN sobre la reforma.

Este episodio ejemplifica la dificultad histórica para alcanzar consensos en políticas autonómicas que afectan el equilibrio financiero y la prestación de servicios públicos fundamentales en España.