El Ministerio de Hacienda ha decidido elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 sin contar con la aprobación del Congreso de los Diputados tras el rechazo en dos ocasiones de la senda de estabilidad fiscal. Los plenos extraordinarios del 14 y 23 de julio abrieron una brecha entre el Gobierno y la Cámara Baja, que no ha dado luz verde al margen fiscal de 5.849 millones de euros propuesto para las comunidades autónomas.

Tras estos rechazos, el Ejecutivo ha optado por no presentar una tercera senda de déficit y seguir adelante con las Cuentas sin el aval parlamentario. Para justificar esta decisión, el Ministerio de Hacienda apela a un informe de la Abogacía del Estado emitido en diciembre de 2023 y publicado en marzo de 2024, que autoriza la presentación del proyecto presupuestario aunque el Congreso no haya aprobado el objetivo de estabilidad y el techo de gasto.

Fuentes del Ministerio explican que al no existir una senda de déficit aprobada desde 2023, se toma como referencia el objetivo comunicado a Bruselas en el Plan Fiscal de Medio Plazo, que fija un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto del Estado en 2025. Respecto al techo de gasto, se mantendrá el límite récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que en 2024, a pesar de que la financiación europea directa dejará de incluirse en las Cuentas tras el 31 de diciembre.

Para las comunidades autónomas, Hacienda mantendrá la regla de gasto aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que permite un aumento del 4% respecto a lo presupuestado en 2026. Sin embargo, esta medida es costosa para las autonomías, que perderán un margen fiscal equivalente a unos 5.849 millones de euros distribuidos en los próximos años, lo que ha sido uno de los principales motivos de rechazo y críticas durante las negociaciones.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) confirmó recientemente que la actual regla de gasto, fijada en un 3,5% para las comunidades, obliga a un ajuste de alrededor de 10.000 millones para cumplir los objetivos. Aun así, el Gobierno insiste en que las autonomías deben cerrar 2027 con estabilidad presupuestaria, es decir, sin déficit, algo que parece complicado si se compara con el déficit conjunto del 0,39% registrado en 2025.

El bloque parlamentario contra la senda de estabilidad ha criticado la falta de alternativas por parte del Gobierno y señala que las comunidades ya manifestaron su rechazo en la CPFF debido a las crecientes cargas financieras que deben afrontar, como las pensiones y el alza de políticas públicas. En concreto, han denunciado que muchas de estas cargas responden a decisiones del Ejecutivo central que trasladan los costos a los gobiernos regionales.

Este impasse deja el proyecto presupuestario en una situación incierta, pues la elaboración de los PGE sin respaldo parlamentario puede derivar en un conflicto legal. Aunque el informe de la Abogacía del Estado respalde la iniciativa del Gobierno, diversas voces jurídicas y políticas cuestionan la legalidad de aprobar unas cuentas sin haber rechazado o aprobado previamente en el Congreso la senda de estabilidad fiscal.

El Congreso, que ya ha expresado un claro no a las propuestas en dos ocasiones, podría volver a votar negativamente el proyecto cuando se presente en septiembre, lo que pondría en entredicho la viabilidad parlamentaria del Ejecutivo. La eventual necesidad de resolver esta disputa en los tribunales añade un nivel de complejidad y tensión al proceso presupuestario inédito en los últimos años.

Este conflicto refleja no solo la débil posición parlamentaria del Gobierno, sino también las tensiones entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas sobre la gestión fiscal y la capacidad de gasto público en un contexto económico exigente. La falta de consenso pone en jaque la elaboración de unas Cuentas Públicas claras y acordadas, mientras que la incertidumbre aumenta las dudas sobre la estabilidad financiera y el cumplimiento de los objetivos marcados por Bruselas.

Los próximos meses serán decisivos para el desarrollo del proceso presupuestario y marcarán el rumbo fiscal del país para 2025, con un Gobierno que se adentra en territorio desconocido al pretender avanzar con sus Presupuestos sin el apoyo parlamentario ni un respaldo claro de las comunidades autónomas.