El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha reabierto el debate sobre establecer objetivos de déficit que se adapten a las circunstancias de cada comunidad autónoma con el fin de impulsar la reforma de la financiación autonómica. Esta propuesta busca el apoyo de Junts, partido clave para lograr mayoría parlamentaria, pero no todas las regiones territoriales se beneficiarían de igual manera.

Durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado la semana pasada, se aprobaron los objetivos de déficit y el techo de gasto para 2027, pero surgió de forma inesperada la discusión sobre la posibilidad de fijar metas asimétricas, modelo que ya se ha aplicado anteriormente. Esta fórmula permitiría que algunas comunidades con dificultades financieras más acentuadas puedan tener objetivos más flexibles.

Arcadi España fue quien propuso retomar esta opción y la consejera de Economía catalana, Alicia Romero, mostró su respaldo explicando que Cataluña, considerado uno de los territorios con infrafinanciación, no podría cumplir con el límite general de déficit. Esto abrió la puerta a una discusión más amplia sobre las disparidades entre regiones.

De acuerdo con fuentes oficiales, las comunidades que más se beneficiarían serían Murcia y Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por el PP, partido que paradójicamente se opone a la propuesta. Estas regiones cerraron 2025 con déficits del 1,56% y 2,52% del PIB respectivamente, muy por encima del objetivo nacional que es del 0,1%. Cataluña sería la tercera comunidad beneficiada, con un déficit en 2025 del 0,54% del PIB, que representó un saldo negativo de 1.733 millones de euros.

La consejera Alicia Romero pidió que el objetivo para Cataluña supere el 0,2% del PIB, lo que facilitaría una reducción significativa de su déficit real. Sin embargo, esta flexibilidad ha generado sospechas de que podría ser una concesión del Gobierno para obtener el apoyo parlamentario del PSC y Junts en el Congreso.

Por otro lado, comunidades que cerraron el año pasado con superávit, como Asturias (0,51%), Cantabria (0,29%), Galicia (0,18%) y Madrid, ven esta medida como un agravio. Desde estas regiones advierten que un déficit asimétrico supone endurecer aún más sus límites para compensar a las comunidades con déficit, y consideran injusto premiar a las que incumplen y castigar a las que cumplen sus objetivos presupuestarios.

La consejera madrileña, Rocío Albert, calificó la propuesta como un “castigo” para las regiones que mantienen la estabilidad financiera y un “premio” a las incumplidoras. Este rechazo podría tensar aún más el complejo debate en torno a la reforma de la financiación autonómica, que ha provocado el respaldo únicamente del Govern catalán y la oposición del resto de gobiernos regionales.

El debate sobre déficit asimétrico continuará en la próxima reunión del CPFF prevista para el 29 de julio, justo cuando el Congreso vote la senda de estabilidad y techo de gasto para las comunidades. Es probable que, ante un posible rechazo parlamentario, el Gobierno busque alternativas para activar los límites presupuestarios sin respaldo explícito del Congreso.

La propuesta de déficit asimétrico identifica claramente dónde el sistema actual ahoga a comunidades con problemas más agudos y plantea una negociación que podría reorganizar las condiciones fiscales de las autonomías, pero también abre una brecha en el reconocimiento y distribución de recursos públicos entre territorios.

Para profundizar más en la financiación autonómica y su impacto en las comunidades, puede consultarse el informe del Ministerio de Hacienda o el análisis del Instituto de Estudios Fiscales.

En definitiva, la iniciativa abre una pugna política y fiscal que definirá qué territorios ganan mayor holgura y cuáles asumen restricciones más fuertes, en un contexto de equilibrio difícil entre equidad y responsabilidad presupuestaria.