La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido mantener el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Sin embargo, el tribunal elimina las medidas cautelares que pesaban sobre ella. Estas medidas incluían la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, que ahora quedan anuladas.
El auto judicial limita el juicio con jurado a dos de los cuatro delitos inicialmente investigados. El juez instructor Juan Carlos Peinado había imputado a Gómez no solo por tráfico de influencias y malversación, sino también por corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero la Audiencia ha descartado estos últimos dos para ser enjuiciados con jurado.
En paralelo, Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, también será juzgada con jurado por malversación, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés no se sentará ante un jurado popular y será juzgado por un tribunal profesional, según la clasificación realizada por la Audiencia.
Este proceso judicial tiene su origen en una denuncia por supuestas irregularidades en la gestión de actividades y contratos vinculados a fundaciones y empresas relacionadas con la familia Sánchez Gómez. Desde que se decretó el juicio con jurado el pasado junio, la figura pública de Begoña Gómez ha estado en el foco mediático, y su situación judicial supone un hecho sin precedentes para la esposa de un presidente del Gobierno en España.
En cuanto a las medidas cautelares, la Audiencia ha accedido al recurso de Gómez y ha decidido levantar estas restricciones que comprometen su movilidad y libertad personal. Precisamente, Gómez entregó recientemente al juez Juan Carlos Peinado los billetes de avión correspondientes a un viaje a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. La defensa de Gómez alegó que el país británico eliminó los sellos en los pasaportes, por lo que no era posible constatar la salida y entrada mediante el documento.
Además, Gómez ha criticado con dureza al juez por exigirle que acredite un hecho negativo, es decir, que demuestre que no cometió ningún delito durante ese viaje. Su defensa, liderada por el exministro Antonio Camacho, denunció que esta petición vulneraba el derecho a la presunción de inocencia y se trataba de una "probatio diabólica", ya que la carga de la prueba corresponde a la acusación y no a la defensa. Esta discrepancia viene a reflejar las tensiones procesales en un caso que mezcla cuestiones legales con alcance político.
Este requerimiento judicial fue realizado para confirmar que no se haya cometido ninguna infracción de las condiciones impuestas, dado que no aparecían sellos de entrada o salida en los días autorizados en el pasaporte, una cuestión bastante habitual actualmente debido a la digitalización y desaparición progresiva de sellos físicos en controles fronterizos. Un juez sustituto, Antonio Viejo, autorizó a Gómez la semana pasada realizar ese viaje, aunque sí le prohibió acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía por las restricciones vigentes.
Este caso judicial se enmarca en un contexto político y jurídico amplio, en el que la transparencia en la gestión pública y el escrutinio a los familiares de cargos públicos están en el centro del debate. La atracción mediática que genera este proceso afecta a la percepción ciudadana sobre la administración pública y el sistema de justicia en España.
El juicio con jurado se espera que aborde con detalle las pruebas existentes sobre el supuesto tráfico de influencias y la malversación, delitos que, según la legislación española, implican el aprovechamiento ilícito del poder para beneficio personal o indebido uso de fondos públicos. Esta modalidad de juicio es habitual para ciertos delitos graves y busca asegurar la participación ciudadana para garantizar un juicio justo y equilibrado.
En definitiva, la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid marca un paso relevante en un proceso judicial que mezcla acusaciones legales delicadas con un fuerte componente político y mediático. El levantamiento de las medidas cautelares devuelve cierta normalidad a Gómez, pero mantiene la presión judicial en curso. El desarrollo del juicio con jurado determinará el rumbo definitivo en este caso que sigue generando gran expectación.
Para más detalles sobre el sistema de jurado en España y sus implicaciones, puede consultarse la información de la Audiencia Provincial de Madrid y el Consejo General del Poder Judicial. También resulta ilustrativo revisar informes sobre presunción de inocencia y medidas cautelares en los procedimientos penales publicados por el Ministerio de Justicia.