Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha sufrido importantes dificultades para lograr acuerdos, con cerca de un 25% de sus proyectos legislativos rechazados por la falta de apoyos. Dentro del reducido porcentaje de iniciativas aprobadas, muchas han contado con el respaldo del Partido Popular, pero solo en temas de consenso general que no comprometen a los socios que formaron parte de su investidura.

Este grupo incluye al PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, PNV y Junts, partidos que han apoyado el eslogan de un "Gobierno progresista" pero que, en la práctica, han mostrado una incapacidad notable para consensuar en propuestas sustanciales. Esta división ha generado un ambiente de tensión y confrontación que parece ir en aumento conforme se acerca el final de esta etapa y la convocatoria de nuevas elecciones generales.

El distanciamiento del Partido Nacionalista Vasco (PNV) es uno de los episodios más recientes y significativos. La formación ha roto la relación al calificar de inaceptable un meme con inteligencia artificial, difundido por socialistas vascos, que mostraba a Aitor Esteban, presidente del PNV, lanzándose a una piscina vestido. Más que la anécdota, lo que ha causado mayor rechazo es la sensación de que los socialistas los están equiparando a Bildu, su principal rival en Euskadi, lo que ha puesto fin a un pacto de no agresión que sostenía la cooperación política tanto en el País Vasco como en Madrid.

Este distanciamiento coincide con el rechazo del PNV a la propuesta impulsada por Sumar para congelar los alquileres, una medida que reflejó la falta de empatía y alineamiento entre socios. El Ejecutivo también sufre una ruptura profunda con Podemos, por diferencias políticas irreconciliables desde casi el principio de la legislatura, además del distanciamiento de Junts, que ha boicoteado iniciativas esenciales como los presupuestos y ha mostrado su rechazo a la amnistía para Puigdemont, bloqueando el acuerdo político deseado.

La tensión entre Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, y Junts ha escalado hasta el punto de que Díaz ha calificado al partido catalán como "racista y clasista", quemando el último puente con esta formación. Este enfrentamiento se ha originado tras el rechazo de Junts a la propuesta de reducción de la jornada laboral y al intento de congelación de alquileres, evidenciando la fractura en el seno del Gobierno.

En un contexto tan convulso, Díaz ha llamado a la sociedad a movilizarse contra la no convalidación de su decreto de congelación de alquileres, un gesto inédito desde un alto cargo del Ejecutivo que invita a la desobediencia civil. Esta decisión refleja el reconocimiento interno de que el Gobierno dispone de apoyo social para generar tensión, pero carece de la fuerza política necesaria para ganar unas elecciones, por lo que prefiere apostar por la presión externa antes que anticipar los comicios.

Todo apunta a que, a pesar de esta crisis abierta, no habrá adelanto electoral. Pedro Sánchez, consciente de la complejidad del escenario y de que terminará la legislatura en soledad sin haber aprobado unos presupuestos, prefiere mantener la actual situación de "sálvese quien pueda" para evitar una convocatoria anticipada.

Durante estos meses finales, el Ejecutivo ha visto cómo se deteriora su imagen y su funcionalidad, mientras crecen las tensiones políticas internas que erosionan la confianza mutua entre sus socios. Esta legislatura termina, según los expertos, marcado por un aislamiento político de Sánchez que pone en duda la capacidad del Gobierno para impulsar reformas de fondo ante las próximas elecciones.

Para ampliar sobre el ambiente político actual, se puede consultar el análisis de Expansión, que detalla los enfrentamientos entre los socios de Sánchez y las consecuencias en la gobernabilidad.

También puede revisarse la información del Congreso de los Diputados para verificar los datos del avance legislativo y las rechazos sufridos por el Gobierno, así como los pronunciamientos del PNV y otros partidos en sus páginas oficiales.

En definitiva, esta recta final anticipa un camino complicado para Sánchez, marcado por la falta de unidad, desacuerdos profundos y una polarización creciente, lo que tiñe de incertidumbre la próxima convocatoria de elecciones y el futuro del espacio progresista en España.