El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Xavier Vilajoana, ha reclamado en el Congreso de los Diputados la necesidad urgente de desbloquear la reforma de la Ley del Suelo para agilizar la construcción de vivienda. Esta normativa, con amplio consenso técnico, permitiría acelerar los trámites y superar los obstáculos que atenazan la construcción, frenando cientos de nuevos proyectos.
Vilajoana alertó de que los retrasos actuales suponen "años perdidos" para paliar la crisis residencial. Solo en Cataluña, según sus datos, existen más de 179 sectores identificados con capacidad para desarrollar unas 214.000 viviendas, pero su ejecución está paralizada por la lentitud de los procesos y los riesgos jurídicos derivados del sistema actual. Esta situación mantiene bloqueada la oferta en un momento en que el déficit habitacional presiona al alza los precios, alcanzando niveles históricos.
El representante de los promotores denunció la contradicción que vive el sector: mientras se demanda más vivienda, persisten mecanismos que dificultan generar suelo y activar nuevas promociones. Además, cada anulación de planeamiento destruye inversiones y retrasa la llegada de nuevas viviendas que son cada vez más necesarias para la población.
La crisis de acceso a la vivienda se está convirtiendo en un problema de gobernabilidad territorial. Con un déficit acumulado que podría superar el millón de unidades en el conjunto del país este año, la problemática afecta a todos los niveles de administración. Alcaldes de distintos signos políticos comparten la preocupación por un sistema que puede hacer caer planes urbanísticos enteros después de años de trabajo debido a defectos formales en la tramitación.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha señalado algunos cuellos de botella que retrasan las licencias de construcción hasta dos años. Entre ellos destacan: expedientes incompletos o erróneos por parte de promotores, demoras en informes de otras administraciones (como Medio Ambiente o Carreteras), disparidad de criterios técnicos municipales y la insuficiente digitalización de procesos administrativos.
Para mitigar estas barreras, la FEMP propone implementar una "licencia básica" que autorice el inicio de obras con un proyecto inicial ajustado a parámetros esenciales. Esto permitiría ganar tiempo mientras se tramita el proyecto completo. Un ejemplo es la "licencia exprés" de Zaragoza, que autoriza en 24 horas trabajos preliminares como movimientos de tierra o cimentación por debajo de la cota cero del suelo.
En este contexto, los promotores han hecho un llamamiento claro a los grupos parlamentarios para que superen disputas políticas y permitan aprobar la reforma de la Ley del Suelo, considerada una medida técnica y de sentido común. Vilajoana cerró su intervención remarcando que la actual emergencia habitacional exige decisiones políticas responsables que transformen el consenso en acciones efectivas.
Si la reforma vuelve a fracasar, ha dicho, será un fallo colectivo, no una falta de diagnóstico, pues las soluciones están claras y consensuadas. La urgencia de la crisis residencial demanda medidas que faciliten la ampliación de la oferta, desbloqueando así un mercado muy tensionado y favoreciendo la accesibilidad a la vivienda para miles de personas.
Esta demanda se alinea con las voces que exigen soluciones estructurales para contener el encarecimiento y la escasez de viviendas, una situación que impacta especialmente en grandes áreas urbanas y comunidades autónomas con alta presión poblacional y limitada disponibilidad de suelo.
Con la Ley del Suelo aún paralizada en el Congreso, el sector residencial se encuentra ante un punto crítico que podría determinar la capacidad de España para estabilizar y mejorar su mercado de vivienda en los próximos años.
Para más información sobre la crisis de la vivienda y las reformas pendientes, puede consultarse el informe reciente de la FEMP y los análisis publicados por APCE.
Además, el debate sobre la vivienda es un asunto recurrente en los archivos del Congreso de los Diputados, donde se documentan las iniciativas y propuestas legislativas relacionadas con la política de suelo y urbanismo.