El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ha paralizado la aplicación del arancel global del 10% que la Administración Trump estableció en febrero sobre la mayoría de importaciones. Este gravamen ha sido suspendido al considerar que el presidente estadounidense utilizó de forma inapropiada una ley comercial de 1974 para justificar su imposición.

El tribunal, con sede en Nueva York, sostiene que el Ejecutivo norteamericano excedió los límites legales al aplicar un arancel generalizado a productos provenientes de prácticamente todos los países. La medida fue puesta en marcha bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite la imposición temporal de aranceles en casos muy concretos.

Este impuesto temporal se había establecido por un periodo máximo de 150 días, con vigencia desde el 24 de febrero hasta el 23 de julio de 2026. Tras este plazo, solo el Congreso podría aprobar su prórroga. No obstante, el Tribunal de Comercio ha considerado que la sección 122 no respalda la aplicación generalizada del arancel tal como Trump la diseñó.

La Administración americana había adoptado esta estrategia después de que el Tribunal Supremo anulase otro paquete de medidas arancelarias previas. El objetivo era aprobar medidas temporales para ganar tiempo mientras exploraban alternativas legales para establecer gravámenes más duraderos. Sin embargo, el tribunal enfatiza que esta disposición legal solo autoriza impuestos temporales en situaciones específicas relacionadas con desequilibrios serios en la balanza de pagos o inestabilidad financiera internacional, condiciones que no se han acreditado en este caso.

El fallo también subraya que la ley limita la duración del arancel a 150 días y fija un porcentaje máximo del 15%, pero que para mantenerlo activo más allá de ese periodo es necesaria la aprobación del Congreso. La decisión judicial ha abierto un nuevo capítulo en el litigio, y se espera que el Gobierno estadounidense presente un recurso para revertir la orden.

Según informes de medios como el New York Times, la Administración Trump está decidida a apelar la sentencia, lo que podría prolongar una disputa legal que ya acumula años y que tiene un impacto significativo en el comercio internacional y la economía global.

Un impacto relevante del fallo es la posible devolución de los ingresos recaudados mediante estos aranceles, estimados en unos 166.000 millones de dólares. Si la suspensión definitiva se confirmase, esta cifra tendría que ser devuelta a los importadores.

Este episodio refleja los límites legales que el sistema estadounidense impone sobre las acciones ejecutivas en materia comercial, y pone de relieve las complicaciones que generan los aranceles globales en la política económica exterior de EEUU. Además, evidencia la función de control del Poder Judicial sobre decisiones ejecutivas que podrían exceder sus facultades legales.

Es importante entender que este arancel temporal surge en un contexto de disputas comerciales internacionales más amplias, especialmente en el marco de las tensiones entre EEUU y otras grandes economías. La suspensión de este gravamen evidencia las reservas legales y prácticas que enfrenta la política proteccionista impulsada por la Administración Trump.

Para más información sobre esta decisión, se puede consultar el análisis de la agencia EFE y otros informes especializados en economía y comercio internacional.

El caso seguirá evolucionando en las próximas semanas y meses, con posibles impactos en las relaciones comerciales de Estados Unidos y la regulación arancelaria global.