El Ministerio de Defensa ha dado la razón a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en el primer asalto legal del mayor contrato de armamento terrestre de la historia reciente de España. La cartera dirigida por Margarita Robles ha desestimado íntegramente el recurso de alzada que Santa Bárbara, filial española de la estadounidense General Dynamics, presentó en febrero contra los dos contratos de artillería sobre ruedas y sobre cadenas adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) formada por ambas compañías. El proceso, según el propio ministerio, se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente.
Los contratos en cuestión suman 7.240 millones de euros y forman parte de los Programas Especiales de Modernización (PEM), el gran paquete de inversión militar que el Gobierno puso en marcha el año pasado para elevar el gasto en defensa hasta el equivalente al 2% del PIB. De ese total, 4.554 millones corresponden a la artillería sobre cadenas y el resto a la artillería sobre ruedas. Ambos contratos fueron adjudicados a la UTE formada por Indra y EM&E, dos empresas sin un producto propio en este segmento en el momento de la adjudicación.
Desde Defensa justifican la decisión señalando que en contratos de esta naturaleza las adjudicaciones deben atender a criterios como la protección de los intereses esenciales de seguridad, la garantía del suministro, la autonomía estratégica y la disponibilidad operativa de las capacidades militares. El ministerio también ha denegado a Santa Bárbara el acceso al expediente de contratación que la empresa había solicitado de forma reiterada, alegando que no concurren los presupuestos legales para ello, en línea con resoluciones previas del Tribunal Supremo.
Santa Bárbara, fuera del gran contrato terrestre
El golpe es especialmente duro para Santa Bárbara porque, hasta hace poco, era la compañía de referencia en la industria de defensa terrestre en España. La empresa presentó su candidatura con el sistema Némesis, desarrollado junto a su socio KNDS y exhibido en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) celebrada en Madrid en mayo de 2025. Su argumento principal era que, a diferencia de la UTE ganadora, ellos contaban con un producto real. Sin embargo, fuentes del sector apuntan que el Némesis no ha sido adquirido por ningún país hasta la fecha, lo que habría pesado en la valoración.
De todos los PEM, Santa Bárbara únicamente se quedó con el contrato de actualización de los blindados Pizarro, un proyecto de menor envergadura económica y estratégica. El Gobierno optó por convertir a Indra en el nuevo campeón nacional de la industria de defensa terrestre, del mismo modo que Navantia y Airbus ejercen ese papel en los ámbitos marítimo y aeronáutico respectivamente. Esta decisión refleja una reorientación deliberada del mapa industrial de defensa en España.
El director general de Santa Bárbara, Alejandro Page, ya expresó su malestar en enero al señalar que no tiene sentido destruir lo que ya existe para construir el futuro, y que la empresa quería ser tenida en cuenta en los proyectos de autonomía estratégica del país. La compañía considera que fue marginada de un proceso en el que tenía capacidades reales para competir.
Indra cierra alianzas mientras Santa Bárbara prepara la batalla judicial
Mientras Santa Bárbara agota las vías administrativas, Indra avanza en la ejecución de los contratos. Hace menos de un mes, la empresa firmó una alianza con la surcoreana Hanwha para utilizar la plataforma K9 en el contrato de artillería sobre cadenas. Según el acuerdo, Indra desarrollará una versión adaptada a los requisitos españoles de este obús autopropulsado, con posibilidad de exportación previa autorización del socio coreano. En el frente de la artillería sobre ruedas, sin embargo, Indra todavía negocia con posibles socios para cerrar la parte industrial.
La resolución de Defensa cierra la vía administrativa para Santa Bárbara, que ahora tiene el camino despejado para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, órgano competente en este tipo de litigios. La propia empresa ya advirtió a finales de febrero que acudiría a esa instancia si el ministerio fallaba en su contra, por lo que el siguiente episodio de este conflicto se dirimirá previsiblemente ante los tribunales.
En paralelo, sigue en curso otro litigio distinto: el recurso que Santa Bárbara presentó ante el Tribunal Supremo contra las ayudas públicas por valor de 3.002 millones de euros que el Ministerio de Industria concedió a la UTE en forma de préstamos al 0% de interés. Ese recurso, presentado contra el Real Decreto que ampara los PEM en su conjunto, afecta también a otros programas que involucran a empresas como Telefónica y Oesía, sin relación directa con la artillería. La batalla legal, por tanto, está lejos de concluir.