El Ministerio de Defensa ha cerrado la vía administrativa en el litigio sobre los contratos de artillería más grandes de la historia reciente española. La resolución desestima íntegramente el recurso de alzada presentado por Santa Bárbara Sistemas, filial española de la estadounidense General Dynamics, y confirma la legalidad de las adjudicaciones a las uniones temporales de empresas formadas por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), valoradas en 7.240 millones de euros.
El departamento que dirige Margarita Robles argumenta que el proceso de contratación se desarrolló con pleno respeto al marco legal vigente en España y en la Unión Europea. En la resolución, el ministerio subraya que las decisiones de adjudicación en contratos de defensa deben atender a criterios de seguridad nacional, autonomía estratégica y disponibilidad operativa, factores que, según el ejecutivo, fueron debidamente ponderados. El plazo para responder vencía el 22 de abril, y Defensa resolvió antes de esa fecha límite.
Además de rechazar el recurso en sí, el ministerio también deniega el acceso al expediente de contratación que Santa Bárbara había solicitado de forma reiterada. La resolución señala que no concurren los presupuestos legales que justificarían esa entrega de documentación, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Este punto no es menor: sin acceso al expediente, la compañía tiene menos herramientas para construir una impugnación sólida en instancias judiciales.
Dos contratos, dos sistemas, miles de millones en juego
Los contratos impugnados corresponden a dos programas de modernización del Ejército de Tierra. El primero cubre el suministro del sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas, adjudicado por casi 2.686 millones de euros, con una prefinanciación estatal de 1.181 millones a tipo de interés cero. El segundo programa, dedicado a artillería de cadenas, asciende a 4.554 millones de euros y recibió un préstamo público de 1.821 millones sin intereses.
Estos créditos forman parte de un paquete más amplio con el que el Gobierno ha impulsado la industria de defensa nacional. A través de varios reales decretos, el ejecutivo ha concedido un total de 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a distintas empresas para financiar por adelantado la ejecución de programas militares. Entre los beneficiarios figuran Indra, EM&E, Telefónica y el grupo Oesía. La propia Santa Bárbara también recibió fondos de este mecanismo para el programa de actualización de los blindados Pizarro, lo que complica algo su posición moral en el litigio.
El frente judicial sigue abierto en el Supremo
Que la vía administrativa esté cerrada no significa que el conflicto haya terminado. Santa Bárbara tiene ahora la opción de llevar el caso a la Audiencia Nacional, un camino que el propio ministerio reconoce en su comunicado al señalar que la resolución no impide futuros recursos judiciales. La decisión que tome la compañía en las próximas semanas marcará el ritmo de un litigio que podría prolongarse durante años.
En paralelo, la empresa ya tiene abierto otro frente judicial. A finales de 2024, Santa Bárbara presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra los aproximadamente 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% concedidos a Indra y EM&E para prefinanciar estos mismos programas. Aunque el recurso apuntaba inicialmente solo a los contratos de artillería, el proceso podría ampliarse al resto de créditos del plan de modernización militar, según fuentes jurídicas cercanas al caso.
Ante esa posibilidad, Indra, EM&E, Telefónica y Oesía —todas ellas receptoras de distintos préstamos públicos— se han personado como codemandadas en el procedimiento del Supremo. La presencia de estas empresas convierte el litigio en un proceso de gran envergadura, con intereses cruzados y un potencial efecto sobre toda la política industrial de defensa del gobierno.
Qué significa esto para la industria de defensa española
Más allá del caso concreto, la resolución de Defensa tiene implicaciones para el modelo que España está construyendo en torno a su industria militar. Indra, empresa con participación pública a través de la SEPI, y EM&E, compañía familiar con sede en Madrid que ha crecido de forma acelerada en los últimos años, son los dos pilares sobre los que el ministerio está apostando para desarrollar capacidad nacional en sistemas de artillería. La decisión de adjudicarles estos contratos frente a una multinacional consolidada como General Dynamics refleja una apuesta explícita por la soberanía tecnológica y el control doméstico de la cadena de suministro militar.
Esa lógica, sin embargo, es precisamente la que Santa Bárbara cuestiona. La compañía considera que los criterios de adjudicación y la concesión de financiación pública a tipo cero distorsionan la competencia. El debate no es solo legal: toca el corazón de cómo los estados europeos equilibran la competencia de mercado con los intereses estratégicos en un contexto de rearme acelerado. Con la Audiencia Nacional como próximo escenario posible, este litigio tiene recorrido para convertirse en un caso de referencia sobre contratación pública en defensa.