El Ministerio de Consumo ha remitido esta semana un nuevo lote de cartas a empresas propietarias de viviendas en alquiler en España. En total, 541 compañías —entre inmobiliarias, fondos de inversión y entidades financieras— han recibido un escrito en el que se les recuerda que están obligadas a aceptar la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento cuando un inquilino la solicite mediante burofax. Estas empresas concentran más de 50.000 viviendas en alquiler en todo el país y tienen en cartera más de 50 propiedades cada una, lo que las sitúa en la categoría de grandes tenedores.
No es la primera vez que el departamento que dirige Pablo Bustinduy recurre a esta vía. El pasado 30 de marzo ya había enviado una primera remesa de 13 cartas a inmobiliarias y fondos que gestionaban en conjunto más de 100.000 viviendas. Con este segundo envío, el ministerio amplía significativamente su alcance y deja claro que no tiene intención de relajar la presión sobre el sector.
El contenido del escrito es directo: el simple hecho de que un arrendatario envíe un burofax al propietario es suficiente para que se active la prórroga extraordinaria del contrato. Esta extensión puede aplicarse por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviera en vigor entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Las condiciones económicas y contractuales del alquiler original se mantienen sin cambios durante ese periodo.
El trasfondo político de toda esta maniobra es relevante. El real decreto que regula esta prórroga extraordinaria —y que también incluye un tope del 2% a las subidas anuales del alquiler— debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados el próximo martes 28 de abril. Según las informaciones disponibles, el decreto no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para salir adelante, lo que genera una incertidumbre jurídica considerable sobre la validez de todas las solicitudes que los inquilinos hayan podido cursar en las últimas semanas.
Esa incertidumbre es precisamente el argumento que ha utilizado la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) para criticar con dureza la campaña de cartas del ministerio. Su presidente, José María Alfaro, ha calificado el comportamiento del departamento de Bustinduy de irrespetuoso y ha advertido de que comunicar a los inquilinos que la prórroga es un derecho consolidado —cuando su base legal todavía no está garantizada— puede generar expectativas que luego no se cumplan. En otras palabras, el sector inmobiliario acusa al ministerio de utilizar una norma que podría caer en el Congreso como si ya fuera ley firme.
Desde el ministerio, la postura es la contraria: mientras el decreto esté vigente, sus efectos son de obligado cumplimiento. El envío de cartas se enmarca, según el propio departamento, en una estrategia de presión y pedagogía jurídica orientada a que los grandes tenedores no ignoren sus obligaciones legales actuales, independientemente de lo que ocurra en la votación parlamentaria. La lógica ministerial es que un arrendador que rechace la prórroga antes de que el decreto sea derogado estaría incumpliendo la norma.
El debate sobre la vivienda en alquiler lleva meses en el centro de la agenda política española. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el precio del alquiler ha escalado de forma sostenida en las grandes ciudades, con incrementos que en algunos mercados han superado el 10% anual. La escasez de oferta y la concentración de viviendas en manos de grandes propietarios han sido señaladas por distintos expertos y organismos como factores que dificultan el acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias con rentas medias y bajas.
Lo que ocurra el martes en el Congreso marcará el desenlace inmediato de este pulso entre el Gobierno y el sector inmobiliario. Si el decreto no se convalida, las solicitudes de prórroga enviadas durante su vigencia quedarán en un limbo jurídico cuya resolución podría acabar en los tribunales. Si sale adelante, el ministerio habrá conseguido consolidar una medida que afecta directamente a decenas de miles de contratos de alquiler en España.