La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado el primer paso administrativo formal en relación con el apagón del 28 de abril de 2025: la apertura de expedientes sancionadores contra empresas e instalaciones del sector eléctrico por posibles infracciones a la Ley del Sector Eléctrico. La decisión, aprobada por la Dirección de Instrucción de Energía que dirige Rocío Prieto, no ha pasado todavía por el consejo de administración del organismo y se produce cuando falta menos de dos semanas para el primer aniversario del corte que dejó sin suministro a toda la Península Ibérica.
Según fuentes próximas al regulador, los expedientes son de carácter masivo: afectan a multitud de instalaciones de distintas tecnologías —renovables, ciclos combinados de gas y centrales nucleares— así como a empresas cuyos nombres figuraban, tachados, en el informe que elaboró el Ministerio para la Transición Ecológica sobre el incidente. La excepción fue Red Eléctrica, operador del sistema, cuyo nombre sí aparecía visible. La estrategia de la CNMC ha consistido en incluir a todos los actores que figuraban en ese informe ante la dificultad de acreditar responsabilidades individuales con pruebas concluyentes.
Indicios de incumplimiento, pero sin culpables definitivos
En su comunicado oficial, el organismo que preside Cani Fernández explica que, a raíz del expediente informativo abierto tras el apagón, ha detectado "diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico". Ese matiz —que los posibles fallos se habrían extendido en el tiempo— ha generado sorpresa en el sector, donde distintas fuentes empresariales se preguntan por qué esas supuestas anomalías no fueron detectadas y corregidas con anterioridad por el propio regulador.
La CNMC es explícita al señalar que la apertura de estos procedimientos no implica atribuir a las empresas investigadas la causa directa del apagón, ya que el incidente "respondió a un origen multifactorial". Esta conclusión es coherente con la que recogen los principales informes publicados hasta la fecha: el del Ministerio para la Transición Ecológica, el de Red Eléctrica, el de Entso-e —la asociación de operadores europeos de transporte de electricidad— y el propio documento de recomendaciones de la CNMC. Todos apuntan a una combinación de factores sin señalar a un único responsable.
En la práctica, esto significa que una instalación podría ser sancionada, por ejemplo, por no mantener los niveles de tensión exigidos por la normativa, pero sin que eso suponga automáticamente que fue la causante del cero eléctrico. Además, la incoación del expediente no prejuzga el resultado final: algunos investigados podrían no recibir ninguna sanción.
Un proceso que puede durar hasta 18 meses
El procedimiento sancionador tiene una duración máxima de entre nueve y dieciocho meses, dependiendo de la gravedad de las infracciones y del volumen de información que se maneje. Las empresas afectadas podrán presentar alegaciones y proponer pruebas en su defensa. En el sector, sin embargo, llama la atención ese plazo, dado que la CNMC lleva prácticamente un año recopilando información y solicitando datos a las compañías implicadas.
Otro factor relevante es el calendario institucional: la presidenta del organismo, Cani Fernández, abandona su cargo en junio, una vez concluido su mandato de seis años. Eso significa que la resolución definitiva de estos expedientes recaerá sobre su sucesor o sucesora, lo que añade cierta incertidumbre sobre los tiempos y el enfoque final del proceso.
Las demandas millonarias, en el horizonte
La fecha del primer aniversario del apagón —el próximo 28 de abril— tiene una relevancia jurídica concreta: es el plazo límite para que las empresas y particulares perjudicados puedan interponer reclamaciones de daños ante los tribunales civiles. Varias grandes compañías ya anunciaron en su momento su intención de hacerlo. Repsol cifró sus pérdidas en 175 millones de euros, mientras que Moeve —antigua Cepsa— apuntó a unos 50 millones. A esas cifras se suman las reclamaciones previstas por grandes aseguradoras como Occident o Mapfre, que han tenido que indemnizar a decenas de miles de clientes y esperan recuperar parte de ese desembolso.
El principal obstáculo para las demandas era identificar contra quién dirigirlas. Con la apertura de estos expedientes sancionadores, la CNMC ofrece una primera lista de investigados, aunque sin resolver todavía la pregunta de fondo: quién o qué provocó el mayor apagón de la historia reciente de España.