Casi un año después del mayor apagón eléctrico registrado en España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un paso formal: la apertura de varios expedientes sancionadores contra algunas de las principales empresas del sector eléctrico español. Entre las afectadas figuran Redeia, el operador del sistema, e Iberdrola y Endesa, las dos grandes distribuidoras. El regulador, presidido por Cani Fernández, deja claro desde el principio que investigar no equivale a condenar, pero el movimiento marca un antes y un después en la gestión institucional de aquel episodio.

El apagón del 28 de abril de 2025 dejó sin suministro eléctrico a millones de hogares y empresas durante horas, con un impacto económico y social que todavía no ha sido cuantificado de forma definitiva. Desde entonces, el debate sobre la responsabilidad ha estado marcado por una guerra de declaraciones entre las propias compañías: Iberdrola y Endesa han apuntado sistemáticamente a Redeia, el gestor de la red de transporte, mientras que esta última ha tratado de repartir culpas entre otros actores del mercado. Lo que los informes independientes han sostenido de forma consistente es que el origen fue multifactorial, es decir, que ningún actor en solitario provocó el colapso.

Qué dice la CNMC y qué significa

El regulador ha explicado que, tras analizar las circunstancias del llamado "cero eléctrico", sus investigaciones han detectado "diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo". Esa precisión —periodos prolongados— es relevante: sugiere que los problemas no fueron puntuales ni exclusivamente vinculados al día del apagón, sino que podrían haber estado presentes en el funcionamiento ordinario del sistema con anterioridad.

La CNMC ha insistido, no obstante, en que la apertura de estos expedientes "no implica, por sí misma, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas". Dicho de otro modo: estar investigado no equivale a ser culpable, y la resolución final puede ir en cualquier dirección. Los procedimientos abiertos tienen una duración máxima de entre nueve y dieciocho meses, dependiendo de la gravedad de las infracciones que se investiguen. Durante ese tiempo, las empresas podrán presentar alegaciones y proponer pruebas.

Un sector con mucho en juego

Para entender la magnitud de lo que está sobre la mesa, conviene recordar que Redeia es la sociedad holding que controla Red Eléctrica de España, el operador del sistema y gestor de la red de transporte, con participación significativa del Estado a través de la SEPI. Iberdrola y Endesa son dos de las mayores compañías energéticas de Europa. Una sanción grave a cualquiera de ellas no sería un asunto menor, ni económica ni políticamente.

La normativa sectorial eléctrica española, recogida en la Ley del Sector Eléctrico, establece un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar cifras muy elevadas en función de la clasificación de la infracción como leve, grave o muy grave. En los casos más serios, las sanciones pueden llegar a decenas de millones de euros, aunque el resultado dependerá de lo que concluya la instrucción del expediente.

Más allá de las cifras, lo que está en juego es la credibilidad del modelo de gestión del sistema eléctrico español. El apagón puso en cuestión la resiliencia de una infraestructura crítica en un momento en que la transición energética exige incorporar cada vez más energía renovable —variable por naturaleza— a la red. La pregunta de fondo es si los protocolos, los sistemas de control y los mecanismos de coordinación entre operadores eran los adecuados.

Qué viene ahora

Los próximos meses serán determinantes. La instrucción de los expedientes avanzará con la revisión de documentación técnica, la toma de declaraciones y el análisis de los datos operativos del sistema en torno al 28 de abril de 2025. Las empresas afectadas tendrán la oportunidad de defenderse y aportar su versión de los hechos.

El resultado final podría ir desde el archivo de los expedientes, si no se acreditan las infracciones, hasta la imposición de sanciones económicas significativas o incluso medidas correctoras sobre el funcionamiento de las compañías. Lo que parece claro es que la CNMC ha decidido que el apagón no puede quedar sin una respuesta regulatoria formal, y que esa respuesta alcanza a los actores más relevantes del sistema eléctrico español.

Para el público general y para los mercados, el mensaje es que el regulador está dispuesto a actuar, independientemente del peso específico de las empresas investigadas. La apertura de expedientes es solo el comienzo de un proceso que, cuando concluya, definirá en buena medida cómo se gestiona y se supervisa el sistema eléctrico en España durante los próximos años.