Europa quiere dejar de pelear con una mano atada a la espalda. La Comisión Europea está rediseñando las directrices que sus funcionarios utilizan para aprobar o bloquear fusiones entre empresas, en lo que supondría el cambio más profundo en política de competencia desde los años 2000. El objetivo es claro: permitir que las compañías europeas alcancen el tamaño necesario para competir de tú a tú con los gigantes tecnológicos y empresariales de Estados Unidos y China.
Durante dos décadas, el criterio principal de Bruselas a la hora de evaluar una concentración empresarial ha sido su impacto en los precios para los consumidores, medido además en un horizonte temporal corto, generalmente tres años. Ese enfoque ha impedido o complicado algunas de las fusiones más ambiciosas planteadas en el continente. Ahora, el Ejecutivo comunitario reconoce que ese marco se ha quedado obsoleto frente a las nuevas realidades geopolíticas y tecnológicas.
Por qué cambia el enfoque ahora
Las tensiones con socios históricos como Estados Unidos, la competencia tecnológica con China y la presión para relanzar la competitividad europea han acelerado este replanteamiento. El informe Draghi sobre la competitividad de la UE ya alertó en 2024 de que Europa se estaba quedando rezagada en innovación y que la fragmentación del mercado interior era parte del problema. La respuesta política no se ha hecho esperar.
En un borrador del nuevo documento de directrices, adelantado por el Financial Times, la Comisión argumenta que la innovación y la escala empresarial también benefician a los consumidores, por ejemplo, al garantizar el acceso a suministros estratégicos o al fortalecer las cadenas de producción. La idea es que crecer no es solo proempresa: puede ser procompetitivo si el resultado es una compañía más capaz de invertir e innovar a largo plazo.
Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para la Transición Limpia y Competitiva, ha reconocido que el planteamiento actual necesita ampliarse: evaluar las fusiones mirando solo tres años hacia adelante resulta insuficiente cuando las inversiones que requieren sectores como el tecnológico o las telecomunicaciones se miden en décadas. Ribera también ha querido matizar que los cambios no implican una carta blanca para cualquier fusión, sino unas reglas más equilibradas y, según ella misma ha dicho, las más avanzadas del mundo.
El sector teleco, en el centro del debate
Pocos sectores han presionado tanto por este cambio como el de las telecomunicaciones. Empresas como Telefónica llevan años reclamando la posibilidad de crecer mediante adquisiciones en otros países europeos. El argumento es sencillo: la deflación de precios de la última década ha erosionado los márgenes y solo con mayor escala se pueden financiar las inversiones en infraestructura que Europa necesita, desde el despliegue del 5G hasta la fibra óptica.
Bruselas ha sido históricamente más permisiva con las fusiones transfronterizas que con las puramente nacionales, ya que las segundas pueden reducir la competencia dentro de un mismo mercado. Sin embargo, las propias empresas argumentan que es precisamente en el mercado doméstico donde las fusiones generan más sinergias y ahorros de costes, recursos que luego pueden redirigirse hacia la inversión y la mejora del servicio.
Este choque de lógicas ha marcado el debate durante años. El cambio en las directrices podría inclinar la balanza hacia las empresas, aunque los expertos advierten de que la magnitud real del giro dependerá de cómo se aplique en la práctica.
El respaldo político de los Estados miembros
Lo que distingue este proceso de otros intentos anteriores de reforma es que cuenta con el respaldo explícito de los Estados miembros. En la cumbre informal de presidentes celebrada el pasado 12 de febrero en Alden Biesen, Bélgica, los líderes europeos acordaron impulsar un mayor grado de concentración corporativa en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, con el objetivo de alcanzar los niveles de inversión e innovación que Europa necesita.
António Costa, presidente del Consejo Europeo, fue claro tras esa reunión: el acuerdo responde a la necesidad de que surjan auténticos campeones europeos en sectores clave y de que las empresas que se consoliden asuman el compromiso de invertir e innovar más. Aunque el Consejo Europeo no tiene capacidad legislativa, sus mandatos políticos condicionan de facto la agenda de la Comisión, lo que augura un proceso de aprobación más ágil de lo habitual.
Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano, señala que el cambio necesario no tiene que ser revolucionario en términos normativos: bastaría con que el proceso de evaluación pusiera en la misma balanza la innovación y las necesidades de inversión junto al impacto en la competencia interna. Según su análisis, incluso un cambio cultural en la forma de interpretar los criterios existentes podría tener un efecto significativo sin necesidad de reformas legales profundas.
En cualquier caso, el documento definitivo aún puede sufrir modificaciones antes de su publicación. Lo que sí parece claro es que Bruselas ha decidido que mantener el statu quo ya no es una opción viable si Europa quiere seguir siendo un actor relevante en la economía global.