El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha lanzado una campaña para que las patronales colaboren en mejorar la información de las bajas laborales que reciben, enviando datos más detallados sobre los puestos de trabajo y funciones desempeñadas por los empleados. El propósito es facilitar un diagnóstico más preciso a los médicos responsables y acelerar la reincorporación de los trabajadores.
Actualmente, alrededor del 30% de los partes de baja no incluyen la información mínima requerida, lo que dificulta que los facultativos valoren correctamente la situación del trabajador. Por ello, desde marzo de 2024, las empresas están obligadas a informar al INSS del puesto exacto y las funciones del empleado de baja, a través del sistema RED o el fichero FDI.
Esta iniciativa busca proporcionar a los servicios médicos pública y mutuas datos fiables que permitan ajustar el alta médica al desgaste funcional real y evitar prolongaciones innecesarias de las bajas. Las patronales ven con buenos ojos esta medida, ya que un conocimiento claro de las tareas puede agilizar la vuelta al trabajo y reducir tanto costes económicos como organizativos.
El INSS ha alertado que muchas empresas no cumplen con este requisito o aportan descripciones demasiado genéricas, como "las funciones propias del puesto", que no aportan detalles suficientes para una evaluación adecuada. Esto puede conllevar retrasos injustificados en la reincorporación laboral, que en promedio duró 42,55 días en 2025 según datos de las mutuas de accidentes de trabajo.
A pesar de que la duración media de las bajas se ha reducido levemente respecto al año anterior, el volumen de procesos ha crecido significativamente. En 2025 se registraron 9,16 millones de bajas, un aumento del 7% frente a 2024 y más del doble respecto a hace una década.
Desde la CEOE y otras patronales, se ha solicitado además reforzar los controles sobre los trabajadores reincidentes con múltiples procesos de baja. Según un informe reciente de Airef, un pequeño grupo de empleados concentra una parte significativa de las bajas: el 25% acumula más de la mitad de los episodios, y esta concentración ha aumentado desde el 51% en 2017 al 55% en 2024.
La patronal pide que la Inspección de Trabajo actúe de forma más precoz, antes de que la baja alcance los 365 días, momento en que solo los inspectores médicos del INSS pueden intervenir. El objetivo es intensificar los controles para reducir abusos y mejorar el control sobre la incapacidad temporal.
El coste del absentismo laboral no cesa en su incremento y supone un desafío para las finanzas de empresas y del sistema público. En 2025, el gasto total en prestaciones de incapacidad temporal superó los 33.000 millones de euros, de los cuales más de 18.500 millones correspondieron a cargó del Estado. En el primer trimestre de 2026, ya se observa un aumento significativo de esta factura, con un 7% más en el coste directo para las empresas y un 14,4% en prestaciones pagadas por la Seguridad Social.
Esta campaña y las medidas complementarias evidencian la apuesta del Ministerio de Seguridad Social por mejorar la eficiencia de la gestión de bajas laborales y limitar el impacto económico del absentismo, un problema creciente que afecta a todos los niveles del sistema productivo y de protección social.
Para más detalles, puede consultarse el informe de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que analiza la concentración de bajas, y los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) sobre la duración y volumen de incapacidades temporales.
Asimismo, la adhesión obligatoria al envío de información detallada sobre el puesto de trabajo se regula a través del sistema RED, operado por la Seguridad Social: sistema RED.
Estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre Gobierno, patronales y mutuas para controlar y reducir las bajas laborales injustificadas, mejorando la salud laboral y la sostenibilidad financiera del sistema.