El Gobierno de Pedro Sánchez ha superado todos los récords en producción normativa, lo que ha provocado una gran inseguridad jurídica que contradice la estabilidad política que anuncia el presidente. Esta situación dificulta el funcionamiento económico y genera incertidumbre para empresas y ciudadanos.
Sánchez ha rechazado convocar elecciones anticipadas argumentando que la estabilidad política es clave para un mejor desempeño económico. Sin embargo, desde finales de 2023, el Ejecutivo ha enfrentado constantes presiones parlamentarias, especialmente de partidos separatistas, que han bloqueado muchas reformas comprometidas con Bruselas a cambio de los fondos de recuperación pospandemia. Esto, junto con el uso abusivo del real decreto-ley y decretos ómnibus, ha derivado en un panorama normativo confuso y cambiante. El Congreso incluso rechazó uno de estos decretos en enero de 2024, evidencia del desgaste político que acarrea esta estrategia.
Los trastornos no solo se quedan en el plano político; la continua modificación de normativas, especialmente en fiscalidad y legislación laboral, ha provocado un complejo laberinto legal. Las empresas trabajan en un contexto de constante cambio, con reglas que varían sin un marco estable. A diferencia de lo que sostiene el Ejecutivo, un volumen alto de normativas no implica mejores resultados regulatorios. Organizaciones empresariales han denunciado esta inseguridad jurídica como amenaza principal para la actividad económica.
El 13 de mayo, ocho grandes asociaciones empresariales del norte y noreste de España firmaron un manifiesto solicitando mayor certidumbre normativa. Además, el último Informe Perspectivas 2026 elaborado por KPMG para CEOE revela que un 62% de los empresarios pide un marco regulatorio más estable y predecible.
Cambios fiscales y laborales masivos
El área fiscal ha visto un sinfín de modificaciones desde 2018. Bajo la gestión de la exministra María Jesús Montero se han reformulado o creado 140 figuras tributarias. Destacan incrementos en las cotizaciones sociales con la intención de financiar el sistema público de pensiones, algo que ha generado preocupaciones entre los agentes económicos.
En el terreno laboral, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha impulsado una contrarreforma que ha alterado muchos aspectos centrales de la reforma pactada en 2021 y ratificada en 2022. Abogados especializados alertan que estas modificaciones se han hecho sin el consenso social necesario, aumentando la complejidad de la regulación laboral.
Un análisis crítico y una propuesta de simplificación
Un estudio reciente del Instituto Juan de Mariana junto con el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU afirma que un 84% de las 243 leyes aprobadas entre 2018 y el primer trimestre de 2024 requieren derogación o reformas profundas. Se critica su excesivo intervencionismo, mala técnica normativa y falta de justificación clara. Sumadas a miles de órdenes ministeriales, esta sobrecarga normativa genera duplicidades e ineficiencias que, según el análisis, podrían suponer un ahorro de 90.000 millones de euros para empresas y hogares, el 5% del PIB.
En respuesta, el Partido Popular ha presentado en el Congreso una propuesta para que el Gobierno elabore un inventario exhaustivo del derecho estatal, localizando normas obsoletas o tácitamente derogadas para eliminarlas formalmente. También plantea un Plan Nacional de Simplificación Normativa que aplique el principio "una norma nueva, tres derogadas", junto con una reducción de las cargas administrativas del 25% para empresas en general y del 35% para pymes.
Consecuencias sociales y económicas de legislar sin rigor
La abundancia legislativa ha tenido efectos negativos palpables. Por ejemplo, la Ley del "Solo Sí es Sí" generó una redacción deficiente que permitió la excarcelación de numerosos condenados por agresión sexual, provocando debates sociales profundos. La Ley de Vivienda, por otro lado, ha reducido la oferta de alquileres y elevado los precios en muchas ciudades, complicando la accesibilidad habitacional.
Esta sobresaturación normativa también ha incrementado la litigiosidad judicial y los costes de cumplimiento para empresas y ciudadanos. Frente a este escenario, la Comunidad de Madrid busca liderar un movimiento desregulador con la Ley contra la Hiperregulación, diseñada para simplificar normativas autonómicas y garantizar que aquellas de nueva creación tengan "fecha de caducidad", estableciendo límites claros para evitar la acumulación excesiva.
En conclusión, el discurso oficial sobre estabilidad política y económica choca con la realidad de una compleja maraña normativa que dificulta la gestión pública y privada, genera inseguridad y afecta el crecimiento. La demanda social y empresarial es clara: simplificación y seguridad jurídica para promover un entorno más favorable y previsible para la economía española.
Para más detalles, puede consultarse el Informe Perspectivas 2026 de KPMG y CEOE, el análisis del Instituto Juan de Mariana y los debates legislativos en el Congreso de los Diputados.