Más de un centenar de manifestaciones en toda España marcaron este 1 de Mayo el Día Internacional del Trabajador. CCOO y UGT eligieron Málaga como epicentro de la movilización central, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', con la presencia de los secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez, acompañados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El mensaje fue claro: el crecimiento económico español no está llegando a los bolsillos de quienes trabajan.
La propuesta más concreta de la jornada fue el planteamiento de una horquilla salarial de entre el 4% y el 7% de incremento anual para los convenios colectivos de 2026, 2027 y 2028. Esta cifra enmarca la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cuyo anterior texto caducó el año pasado. Los líderes sindicales exigieron a la patronal CEOE que concrete una fecha para sentarse a negociar, advirtiendo de que los conflictos laborales se intensificarán si no se alcanza un acuerdo de base. Sordo fue directo: "casi 11 millones de personas en el país tienen los salarios estancados" mientras las empresas encadenan récords de beneficios.
La elección de Málaga no fue arbitraria. Álvarez subrayó que la ciudad andaluza ejemplifica con claridad las tres tensiones que centran las reivindicaciones sindicales: salarios insuficientes, vivienda inasequible y servicios públicos bajo presión. En esa misma línea, ambos dirigentes pusieron el acceso a la vivienda como uno de los grandes problemas estructurales del mercado laboral español. El argumento es sencillo: de poco sirve una subida salarial si el coste del alquiler se la engulle entera. "Nadie debería destinar más del 30% de sus ingresos a pagar una vivienda digna", señaló Sordo.
Vivienda: un problema que bloquea la economía
Para frenar el encarecimiento residencial, CCOO y UGT reclamaron un paquete de medidas que incluye la construcción de al menos dos millones de viviendas a precios asequibles, la movilización del parque de pisos vacíos, el establecimiento de topes al alquiler en zonas tensionadas y la limitación —o supresión— del uso especulativo y turístico de inmuebles. Los sindicatos apuntaron directamente a varias comunidades autónomas a las que acusaron de boicotear la aplicación de la Ley de Vivienda, impidiendo así que los límites al precio del alquiler entren en vigor en sus territorios.
La CEOE recibió también una llamada de atención en este frente: si las empresas no se implican en solucionar el problema habitacional, tendrán cada vez más dificultades para atraer y retener talento en las ciudades donde el salario apenas cubre el alquiler. Es un argumento de competitividad, no solo de justicia social.
La desigualdad salarial, en datos
Más allá de las reivindicaciones de CCOO y UGT, la Unión Sindical Obrera (USO) aportó en su manifestación en Madrid una radiografía estadística que pone en perspectiva la magnitud del problema. Según un estudio encargado a la consultora Syndex, más del 60% de los trabajadores españoles cobra por debajo del salario medio, que se sitúa en torno a los 2.385 euros brutos mensuales. El salario mediano —el que divide la distribución exactamente por la mitad— ronda los 2.001 euros, lo que revela una brecha significativa entre ambas cifras.
El secretario general de USO, Joaquín Pérez, fue todavía más contundente: el 10% que menos cobra ingresa una media de 710 euros al mes, y más del 30% de los trabajadores percibió en 2024 menos del Salario Mínimo Interprofesional, fijado entonces en 1.134 euros brutos mensuales. Estos datos, cerrados a 2024, contradicen el relato de una mejora generalizada del poder adquisitivo y apuntan a una desigualdad estructural que persiste pese a las subidas del SMI de los últimos años.
Geopolítica y autonomía estratégica
Las reivindicaciones de este 1 de Mayo no se limitaron al ámbito laboral y residencial. Tanto Sordo como Álvarez dedicaron parte de sus intervenciones a la política exterior y al papel de la Administración Trump en la economía global. El líder de CCOO advirtió de que las tensiones comerciales impulsadas por Washington —el bloqueo del estrecho de Ormuz como amenaza latente, la presión sobre China, los aranceles— no son solo un problema bilateral, sino una estrategia para fragmentar Europa e incrementar su dependencia energética y comercial respecto a Estados Unidos. Álvarez fue más directo: "Trump no puede considerarse el emperador del mundo".
En paralelo, UGT reclamó un giro en la política fiscal autonómica. Álvarez insistió en que las rebajas de impuestos a las rentas altas aprobadas por varias comunidades vacían las arcas necesarias para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales. La propuesta es redistributiva: que quienes más ganan contribuyan más para garantizar derechos universales.
El Día del Trabajador de 2025 cierra, en definitiva, con una agenda sindical que conecta lo inmediato —la negociación del AENC y la contención del precio de la vivienda— con los grandes debates estructurales: desigualdad salarial, sostenibilidad de los servicios públicos y posición de Europa ante un orden internacional en transformación. La pelota está ahora en el tejado de la patronal y de las administraciones.