España arrastra un problema que pocas veces se describe con tanta claridad como ahora: hay personas dispuestas a trabajar, hay empresas que necesitan contratarlas, y entre ambas existe un sistema administrativo que, con frecuencia, impide que ese encuentro ocurra. La regularización extraordinaria de personas extranjeras que el Gobierno tiene previsto activar en abril pone este dilema sobre la mesa en un momento en que la escasez de mano de obra ha dejado de ser coyuntural para convertirse en un rasgo estructural del mercado laboral español.

Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal llevan trimestres reflejando una paradoja: el desempleo ha caído, pero las vacantes en determinados sectores no se cubren. Construcción, hostelería, agricultura y cuidados concentran la mayor parte de esas posiciones abiertas, especialmente en pequeñas empresas y autónomos que no disponen de departamentos de recursos humanos ni de capacidad para atraer talento de otras regiones o países mediante procesos formales. Electricistas, soldadores, personal agrícola de temporada y cuidadores de personas mayores encabezan la lista de perfiles más difíciles de encontrar.

Lo llamativo del momento actual es que una parte de la solución ya reside en territorio español. Miles de personas en situación administrativa irregular llevan meses o años trabajando en la economía informal, contribuyendo a la actividad productiva sin generar cotizaciones a la Seguridad Social ni derechos laborales reconocidos. La regularización que prepara el Ejecutivo apunta precisamente a ese colectivo, aunque su impacto real dependerá menos de su diseño jurídico que de la velocidad y la homogeneidad con que se gestione.

El coste real de cada mes de espera

El tiempo no es un factor neutro en este proceso. Cada mes que transcurre sin que un expediente de regularización se resuelva equivale a cotizaciones que no se generan, contratos que no se firman y actividad económica que permanece en el limbo. Para una gran empresa, ese retraso puede ser un inconveniente asumible. Para un autónomo que necesita un trabajador antes de la temporada alta o para una pyme con un contrato pendiente de ejecución, puede suponer perder la oportunidad por completo.

La legislación establece un plazo máximo de resolución de tres meses para este tipo de expedientes, pero la práctica administrativa en las oficinas de extranjería dista mucho de ser uniforme. La carga de trabajo, los criterios dispares entre provincias y la acumulación de documentación incompleta alargan los tiempos de forma significativa. El resultado es que incluso quienes cumplen todos los requisitos quedan atrapados en una espera que penaliza tanto al trabajador como a la empresa que quiere contratarlo.

A esto se suma lo que los especialistas en derecho migratorio denominan el 'círculo del NIE': en muchos casos no es posible formalizar un contrato sin tener la documentación en regla, pero esa documentación requiere a su vez acreditar una relación laboral. Este bucle burocrático actúa como un freno especialmente potente para autónomos y micropymes, que ante la incertidumbre y el riesgo de sanciones optan directamente por candidatos que ya disponen de permiso de trabajo, aunque eso reduzca sensiblemente su abanico real de opciones.

Una medida económica disfrazada de debate político

El anuncio de la regularización ha generado, como era previsible, una polarización intensa en el debate público. Sin embargo, para una parte significativa del tejido empresarial español, la cuestión no tiene una dimensión ideológica sino estrictamente operativa: necesitan trabajadores, saben que existen, y quieren poder contratarlos con garantías legales y sin incurrir en riesgos sancionadores.

Desde esta perspectiva, la medida no introduce un fenómeno nuevo en el mercado laboral. Las personas a las que va dirigida ya están en España, ya participan en la economía y ya generan actividad. Lo que cambia con la regularización es la capacidad de esa actividad para aflorar al sistema formal, con todo lo que eso implica: cotizaciones a la Seguridad Social, acceso a prestaciones, derechos laborales y mayor seguridad jurídica para las empresas que los contraten.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población extranjera residente en España supera los cinco millones de personas, una cifra que ha crecido de forma sostenida en los últimos años y que refleja el papel que la migración tiene en el sostenimiento demográfico y productivo del país. Una parte de ese colectivo se encuentra en situación irregular, no necesariamente por voluntad propia, sino por no haber podido completar los trámites administrativos exigidos en los plazos requeridos.

Tres factores que determinarán el resultado real

Que la regularización tenga un impacto positivo y medible sobre el mercado laboral no está garantizado. Los especialistas en extranjería apuntan a tres variables que condicionarán el desenlace. La primera es el refuerzo efectivo de los recursos humanos y materiales en las oficinas de extranjería, que en muchas provincias llevan años operando con plantillas insuficientes para la carga de trabajo acumulada. Sin más personal y mejores herramientas de gestión, los plazos no se cumplirán independientemente de lo que diga la norma.

La segunda variable es la homogeneidad de criterios entre provincias. Actualmente, la resolución de expedientes similares puede variar de forma significativa dependiendo de la delegación que los tramite. Esa disparidad genera inseguridad jurídica, incentiva la presentación de documentación redundante y alarga los procesos sin ninguna justificación objetiva. Una instrucción clara y vinculante sobre los criterios de valoración sería un paso esencial para reducir esa variabilidad.

La tercera tiene que ver con la calidad documental de las solicitudes. Una proporción relevante de los retrasos en extranjería se debe a expedientes incompletos o con errores subsanables que, sin embargo, obligan a iniciar comunicaciones y plazos adicionales. Campañas de información dirigidas tanto a los solicitantes como a los empleadores que les apoyan podrían reducir ese porcentaje y aliviar la presión sobre las oficinas.

El debate sobre la regularización tiende a medirse en número de personas afectadas, pero la pregunta más relevante para la economía española es cuántas de esas personas podrán trabajar de forma efectiva y en qué plazo. Si la respuesta es rápida y el proceso fluye con agilidad, el efecto sobre sectores en déficit crónico de mano de obra podría ser perceptible antes de que acabe el año. Si la burocracia vuelve a imponerse, el resultado será una oportunidad perdida que no beneficiará ni a los trabajadores ni a las empresas que los esperan.