Hungría vive un tenso periodo de transición política. El partido Tisza, liderado por Péter Magyar y vencedor de las últimas elecciones legislativas, aún no ha formado gobierno, pero su portavoz en materia de política exterior, Anita Orbán, ya ha dado un primer golpe sobre la mesa: ha exigido públicamente al ministro saliente, Péter Szijjártó, que detenga de inmediato la eliminación de documentos oficiales en el Ministerio de Exteriores. La denuncia, lanzada este miércoles, abre un conflicto sin precedentes en el proceso de cambio de poder en Budapest.
Según la información difundida por el propio partido Tisza, la destrucción de archivos estaría en marcha en el departamento que hasta ahora dirige Szijjártó, uno de los hombres más cercanos a Viktor Orbán durante sus más de una década al frente del Gobierno húngaro. Anita Orbán —que no guarda relación familiar con el primer ministro saliente— advirtió que este tipo de prácticas pueden constituir una vulneración de la legalidad vigente y comprometer la continuidad institucional del ministerio.
La denuncia llega en un momento especialmente delicado. Tisza obtuvo una victoria histórica en las elecciones parlamentarias húngaras, rompiendo el dominio que Fidesz, el partido de Viktor Orbán, había ejercido durante más de doce años sobre las instituciones del país. El traspaso de poder, sin embargo, está resultando complicado: el equipo entrante ha denunciado trabas administrativas y ahora, presuntamente, la destrucción deliberada de información sensible antes de que el nuevo ejecutivo acceda a los archivos.
Este tipo de situaciones no es infrecuente en transiciones políticas conflictivas, pero la singularidad del caso húngaro radica en la escala del cambio. Szijjártó fue durante años la cara de la diplomacia de Fidesz: mantuvo relaciones fluidas con Moscú incluso después de la invasión rusa de Ucrania, y protagonizó varios encontronazos con la Comisión Europea a propósito de las sanciones contra Rusia y las relaciones con el Kremlin. Su sustituta llega con un perfil y una agenda radicalmente distintos.
Anita Orbán, aunque todavía no ha recibido el nombramiento oficial, ejerce ya de facto como interlocutora diplomática del futuro gobierno. Su intervención pública de este miércoles no es un gesto menor: al denunciar ante la opinión pública lo que ocurre dentro del ministerio, está forzando a Szijjártó a actuar bajo escrutinio y presionando para que los organismos competentes intervengan si la eliminación de archivos infringe la normativa de conservación documental del Estado.
El caso tiene además implicaciones internacionales. Parte de los documentos que podrían estar en riesgo guardarían relación con las negociaciones mantenidas por Szijjártó con responsables rusos, incluidas conversaciones vinculadas a la figura de Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, así como con acuerdos energéticos y comerciales bilaterales que el nuevo gobierno podría querer revisar. La desaparición de esa documentación dificultaría cualquier auditoría posterior sobre la gestión exterior del gobierno Orbán.
Desde Bruselas, la situación es observada con atención. La Unión Europea ha mantenido durante años una relación tensa con el ejecutivo de Fidesz por el deterioro del Estado de derecho en Hungría, que llevó a la congelación de fondos europeos. El nuevo gobierno de Tisza ha prometido recomponer esa relación y alinear a Hungría con las posiciones del bloque en política exterior, lo que convierte la integridad de los archivos diplomáticos en una cuestión estratégica, no solo administrativa.
Por el momento, el ministerio saliente no ha emitido ninguna declaración oficial respondiendo a las acusaciones. Szijjártó tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia de su sucesora designada. Mientras el reloj del traspaso de poder sigue corriendo, la presión sobre el equipo saliente aumenta y el episodio se convierte en el primer gran pulso político entre el Hungría que se va y la que está por llegar.