Yngve Slyngstad fue consejero delegado del Government Pension Fund Global, el fondo soberano noruego, desde 2007 hasta 2019. Este fondo, creado para preservar y rentabilizar los ingresos procedentes de la venta de petróleo y gas natural, se ha convertido en uno de los más grandes y respetados del mundo, con un patrimonio que ronda los 1,9 billones de euros. Su importante influencia en los mercados globales refleja no solo su volumen, sino también la confianza que ha generado en la población y en la política noruega.
Slyngstad ha visitado recientemente Bilbao para aportar su visión sobre el papel que deben jugar las instituciones financieras públicas en la política industrial, destacando la necesidad de una mayor interrelación entre gobiernos y empresas estratégicas. Según él, la experiencia noruega demuestra que la separación estricta entre empresas privadas y públicas es difusa en su país, ya que el Estado mantiene una participación relevante en las compañías más significativas, que abarcan sectores como la energía, las telecomunicaciones, la tecnología militar y la banca.
Por ejemplo, el Gobierno noruego controla el 67% de Equinor, su principal energética; el 57% de Telenor, líder en telecomunicaciones; y participa en un porcentaje significativo de empresas clave como Kongsberg Gruppen, Norsk Hydro y DNB Bank. Para Slyngstad, esta realidad implica un modelo en el que no existe un antagonismo entre las compañías estatales y privadas, sino una complementariedad que facilita la estrategia nacional, algo que contrasta con otros países europeos.
Este modelo noruego, señala Slyngstad, cobra especial importancia en un contexto global que está cambiando de forma acelerada, donde los principios tradicionales de libre comercio están siendo cuestionados. Pone como ejemplo la transformación de China hacia bienes y servicios de alta tecnología, una evolución que obliga a las potencias occidentales a repensar sus políticas industriales y comerciales para proteger sectores estratégicos y mantener su competitividad.
En su opinión, los países deben aumentar la participación pública en sectores estratégicos para asegurar su soberanía industrial. Sin embargo, al tratarse de democracias, es imprescindible mantener una separación clara entre el poder político y el económico. En Noruega, aunque el Gobierno nombra miembros en los consejos de administración de empresas en las que participa, deja la supervisión y la gestión en manos del mercado y profesionales independientes, evitando así el control directo e intervencionismo político.
La transparencia es otro pilar fundamental del sistema noruego. Todas las declaraciones de la renta son públicas y existe una tradición consolidada de apertura financiera que ayuda a prevenir la corrupción y genera una confianza sólida entre ciudadanos y gobierno. Esta clave cultural y legal ha sido esencial para que el fondo obtenga y mantenga el respaldo social necesario para operar con eficacia y estabilidad, incluso frente a fluctuaciones económicas.
Aun así, Slyngstad destaca que la confianza no debe ser ciega. Por ello, la ley limita la cuantía que el Gobierno puede extraer del fondo soberano para sus presupuestos públicos. Actualmente, el límite está fijado en el 3% de la rentabilidad anual media del fondo, garantía de que no se descapitalice y permita sostener el sistema de pensiones a largo plazo. Esta norma asegura un balance entre el uso de los recursos para necesidades inmediatas y la preservación del capital para futuras generaciones.
Un aspecto relevante de su gestión fue la apuesta equilibrada entre inversiones en sectores consolidados y el impulso a nuevas industrias evitando riesgos excesivos. En cada nuevo proyecto, el Gobierno noruego se involucra plenamente y explica con transparencia el objetivo y el destino de la inversión, obteniendo así el apoyo ciudadano. La prioridad es maximizar la rentabilidad sin comprometer principios éticos, lo que implica la exclusión de industrias relacionadas con tabaco o carbón, entre otras consideradas socialmente dañinas.
No obstante, Slyngstad reconoce que existen debates en Noruega sobre la inclusión o no de empresas relacionadas con la industria de defensa, incluso en áreas de tecnología militar avanzada. Las alianzas empresariales con países como Alemania, Reino Unido y Polonia para desarrollar submarinos, tanques, fragatas o sistemas antidrones reflejan la necesidad de contar con una base industrial sólida para mantener capacidades tecnológicas y de producción propia. Esto supone un cambio en la política tradicional del fondo, que hasta ahora evitaba la participación en empresas vinculadas a armas prohibidas por el derecho internacional.
Finalmente, en su actual rol como responsable de Industry Capital Partners, Slyngstad pone el foco en sectores con gran potencial de crecimiento, como la digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética -especialmente la eólica marina y la infraestructura para transporte energético- y la logística. Esta orientación apunta a combinar innovación tecnológica con criterios éticos y sostenibilidad, siguiendo la filosofía que impregnó su gestión del fondo soberano.
El caso noruego sirve de ejemplo para muchos países que buscan equilibrar rentabilidad, sostenibilidad y ética en la gestión de activos públicos. La experiencia de Slyngstad subraya la importancia de la transparencia, el control democrático y la participación estratégica del Estado para proteger industrias clave y garantizar el bienestar social a largo plazo.
Para profundizar en la política de inversión del fondo soberano noruego y la evolución del panorama global, se pueden consultar informes recientes del Government Pension Fund Global y análisis sobre retos geopolíticos en Instituciones como el Instituto Vasco de Finanzas.