Un caso que lleva más de trece años enquistado en los tribunales está a punto de resolverse. Este lunes 14 de abril arranca en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio contra Manuel Reija, antiguo responsable de una administración de lotería coruñesa, y su hermano Miguel, que en el momento de los hechos ejercía como delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado en la misma ciudad. Ambos se enfrentan a una petición de seis años de prisión por intentar apropiarse de un boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros cuyo legítimo propietario era un jubilado ya fallecido. Su viuda y su hija reclaman ahora ese dinero.
La historia se remonta a un sorteo de la Primitiva celebrado en 2012. El boleto ganador apareció en la administración de lotería que regentaba Manuel Reija en A Coruña, pero nadie se presentó inicialmente a reclamarlo. Ante esa situación, el propio lotero trató de cobrar el premio amparándose en una disposición legal que permite a quien encuentra un boleto sin dueño quedárselo si nadie lo reclama en el plazo establecido. Lo que parecía un trámite sencillo se convirtió en un auténtico culebrón cuando la noticia trascendió en el barrio y en la ciudad.
Casi 300 personas reclamaron el boleto
Cuando la historia saltó a los medios, cerca de trescientas personas se presentaron asegurando ser las propietarias legítimas del boleto premiado. Aquella avalancha de reclamaciones disparó todas las alarmas y obligó a la Policía Nacional a abrir una investigación formal para esclarecer quién había comprado realmente el décimo ganador. La pesquisa fue larga y compleja, ya que había que descartar centenares de testimonios falsos y rastrear registros de ventas, cámaras y movimientos de clientes en la administración.
Los investigadores tardaron años en reconstruir lo ocurrido, pero finalmente lograron identificar al verdadero comprador del boleto. Se trataba de un jubilado que había llegado a A Coruña en un viaje organizado por el Imserso, el programa de turismo social para personas mayores que gestiona el Gobierno de España. Este hombre, aficionado a los juegos de azar, adquirió el boleto durante su estancia en la ciudad gallega. Sin embargo, nunca llegó a saber que había ganado millones, o al menos nunca reclamó el premio. El jubilado falleció sin que se le relacionara públicamente con el boleto, y fue la labor policial la que permitió vincular la compra con su identidad.
Dos hermanos en el banquillo
El juicio que comienza este lunes sienta en el banquillo a los dos hermanos Reija. Manuel, el lotero, es quien intentó cobrar directamente los 4,7 millones argumentando que el boleto no tenía dueño conocido. Miguel, por su parte, ocupaba entonces el cargo de delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado en A Coruña, lo que le situaba en una posición institucional delicada: era la autoridad local del organismo que debía supervisar precisamente ese tipo de operaciones. La Fiscalía sostiene que ambos actuaron de forma coordinada para apropiarse del premio y pide seis años de cárcel para cada uno de ellos.
La defensa de los Reija ha mantenido durante todo el proceso que Manuel actuó dentro de la legalidad al intentar cobrar un boleto que nadie reclamaba. No obstante, las pruebas recopiladas por la Policía Nacional y la instrucción judicial apuntan a que el lotero conocía o podía conocer la identidad del comprador, lo que convertiría su intento de cobro en un acto de apropiación indebida.
La familia reclama casi cinco millones
La viuda y la hija del jubilado fallecido ejercen como acusación particular y reclaman la totalidad del premio, que con los intereses acumulados durante más de una década podría superar ampliamente los 4,7 millones originales. Para ellas, el juicio supone el final de una batalla legal que ha durado prácticamente la mitad de sus vidas adultas. Su abogado ha insistido en que las pruebas son concluyentes y que el dinero debe ir a parar a las herederas legítimas del ganador.
El caso ha generado un debate recurrente sobre los mecanismos de control en la venta y el cobro de premios de lotería en España. Tras este episodio, Loterías y Apuestas del Estado reforzó sus protocolos de identificación para evitar situaciones similares, aunque expertos en el sector señalan que el sistema sigue dependiendo en gran medida de la buena fe de los administradores. La digitalización progresiva de los boletos y la posibilidad de vincularlos a identidades concretas se perfilan como las soluciones más eficaces a largo plazo.
La vista oral se prolongará varios días en la Audiencia Provincial de A Coruña. Se espera que declaren decenas de testigos, entre ellos compañeros del viaje del Imserso, vecinos de la zona y agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación. La sentencia, según fuentes judiciales, podría conocerse antes de que termine el mes de abril, poniendo punto final a uno de los casos más rocambolescos de la historia reciente de la lotería española.