Desde primera hora de la mañana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo un registro en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz de Madrid. El operativo busca recopilar pruebas relacionadas con una investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido durante el periodo 2017-2024. La causa, que se sigue bajo secreto, se centra en pagos en efectivo destinados a cubrir gastos de dirigentes, empleados y otras personas vinculadas al partido.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno lidera esta pieza, en la que se analiza si algunos pagos habrían podido constituir delito de blanqueo, con especial atención a transfusiones económicas percibidas por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
El juez Santiago Pedraz, encargado del llamado 'caso Leire Díez', ha ordenado a la UCO que intervenga una amplia documentación. Esta incluye correos electrónicos de destacados miembros del PSOE como el exsecretario de Organización Santos Cerdán, la gerente Ana María Fuentes, así como otros cargos relevantes. También se ha solicitado el examen exhaustivo 'in situ' de los libros contables del partido, además de registros de accesos, agendas personales y control de vehículos en la sede federal.
El auto de Pedraz solicita además detalles completos sobre visitas a Ferraz, incluyendo nombres, horarios, motivos y acompañantes, afectando a personas cercanas al partido y a figuras como la considerada 'fontanera' Leire Díez o el empresario Javier Pérez Dolset. Estos controles se extienden a otros vinculados al entorno socialista como el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o abogados y agentes vinculados a la investigación.
El juez exige que toda esta información se recopile desde 2021 hasta la actualidad con carácter urgente, autorizando expresamente el registro en la sede en caso de no acceder voluntariamente a la entrega de datos. La medida afecta incluso a buzones de correo corporativos ya inactivos o deshabilitados, junto con la estructura interna y responsables de la área informática desde 2024.
Entre los documentos reclamados están los contratos, justificantes de pago y autorizaciones relacionados con la relación del PSOE con ciertos profesionales y empresarios, además del procedimiento interno que regula las autorizaciones de gastos y pagos en los ejercicios contables 2024 y 2025.
Este registro ha sorprendido a ministros y dirigentes sociales, quienes han manifestado desconocer las actuaciones y no entender las causas. La intervención ocurre semanas después de que se revelaran detalles del 'caso Plus Ultra', que salpican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y en paralelo a la investigación de las joyas halladas en una caja fuerte de Ferraz vinculadas a Zapatero.
Este último hallazgo se investiga por la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ha solicitado una tasación experta. Zapatero ha explicado públicamente que dichas joyas proceden de herencias y regalos, y que fueron guardadas en su despacho en Ferraz debido a que por entonces residía en una vivienda alquilada sin caja de seguridad.
El registro se centró en el piso primero del número 35 de la calle Ferraz, que alberga cinco despachos y diversas estancias, incluyendo la oficina del jefe de gabinete donde estaba la caja fuerte. Esta operación apunta a esclarecer posibles irregularidades económicas en una etapa clave del PSOE, con un impacto notable en la política española.
Para un análisis detallado puede consultarse el auto de la Audiencia Nacional y reportes de agencias jurídicas relevantes, como Europa Press o la cobertura de EFE.
Este caso continuará desarrollándose conforme se avance en la recopilación de pruebas y posibles imputaciones futuras, reflejando la creciente atención judicial sobre la financiación de partidos políticos en España.