El Principado de Asturias cuenta ya con su propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. José Manuel Pérez tomó posesión este viernes como primer presidente del organismo en un acto celebrado en presencia del jefe del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, y del presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño. Con este paso, Asturias se suma al grupo de comunidades autónomas que disponen de un órgano independiente dedicado a garantizar el cumplimiento de la normativa de transparencia y el buen gobierno en la administración pública autonómica.
Durante el acto de toma de posesión, Pérez pronunció la fórmula de promesa habitual para los altos cargos: lealtad a la Constitución, cumplimiento fiel de las obligaciones del cargo y respeto a las instituciones del Estado. La presencia de las dos principales figuras institucionales de la región —el presidente del Gobierno y el de la Junta General— subrayó la relevancia que el Principado otorga a la puesta en marcha de este órgano, cuya creación responde tanto a una exigencia legal como a una apuesta política por la rendición de cuentas.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado nace con el mandato de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y las normas de buen gobierno que afectan a los altos cargos de la administración asturiana. En la práctica, será el organismo al que los ciudadanos podrán acudir cuando consideren que la administración no ha respondido correctamente a una solicitud de información o ha vulnerado algún principio de transparencia. Se trata, en definitiva, de una instancia de control externo e independiente, algo que organizaciones civiles y partidos de la oposición llevaban tiempo reclamando.
España cuenta a nivel nacional con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado en 2014 al amparo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sin embargo, esa ley dejó abierta la puerta a que las comunidades autónomas desarrollaran sus propios marcos normativos y sus propios órganos de control, más cercanos a la ciudadanía y adaptados a las especificidades de cada territorio. Asturias ha tardado algo más que otras regiones en completar este proceso, pero la puesta en marcha del consejo autonómico cierra ahora ese capítulo pendiente.
La Junta General del Principado de Asturias tuvo un papel relevante en el proceso de designación de Pérez, ya que la elección del presidente de este tipo de organismos suele requerir el respaldo parlamentario para garantizar su independencia respecto al Ejecutivo. Ese origen parlamentario es precisamente uno de los elementos que dota al consejo de mayor autonomía: su titular no depende del Gobierno regional, sino que responde ante el conjunto de las fuerzas políticas con representación en la cámara asturiana.
José Manuel Pérez llega al cargo con el reto de definir los procedimientos de trabajo del organismo, dotarlo de los medios necesarios para funcionar con eficacia y establecer los canales a través de los cuales los ciudadanos podrán ejercer su derecho de acceso a la información. En muchas comunidades autónomas, los primeros años de vida de estos consejos han estado marcados por la escasez de recursos y por la dificultad de hacer valer sus resoluciones frente a una administración no siempre dispuesta a colaborar. La experiencia de otros territorios apunta a que la credibilidad de estos órganos se construye, sobre todo, en los casos concretos en los que se enfrentan a solicitudes sensibles o a resistencias institucionales.
El contexto político en el que arranca el Consejo de Transparencia asturiano no es menor. La transparencia y el control de los poderes públicos se han convertido en una demanda social creciente en España durante la última década, impulsada en buena medida por los distintos casos de corrupción que han salpicado a diversas administraciones. Instrumentos como el derecho de acceso a la información o la publicidad activa de los contratos y subvenciones son hoy considerados estándares mínimos de una democracia sana, y su fiscalización por organismos independientes resulta esencial para que esos estándares no queden solo sobre el papel.
La puesta en marcha del consejo supone también un compromiso de futuro para el Principado. La transparencia no se agota en la creación del organismo: requiere que la administración facilite datos actualizados, que los altos cargos cumplan con sus obligaciones de publicidad y que los ciudadanos conozcan y usen los mecanismos a su disposición. El nuevo presidente tendrá que trabajar en todos esos frentes al mismo tiempo, con la legitimidad que le otorga su designación y con la responsabilidad de que el consejo se convierta en una institución de referencia para la vida pública asturiana.