El Tribunal Supremo ha dado un paso relevante en el largo litigio sobre las indemnizaciones que debe pagar el Estado español tras rescatar varias autopistas de peaje. En una sentencia emitida el 2 de junio, el Alto Tribunal estima parcialmente el recurso presentado por Sacyr en contra del cálculo efectuado por el Gobierno para determinar estas compensaciones por las radiales R-3 y R-5.

Estas dos autopistas forman parte de un grupo de nueve vías concesionadas durante el mandato de José María Aznar en plena expansión económica, pero que acabaron en quiebra tras la crisis financiera y tuvieron que ser rescatadas bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La sentencia anula la resolución complementaria aprobada en diciembre de 2023, que había calculado una indemnización de 570 millones de euros para la concesionaria, aumentando en 451 millones el importe previo que ya había sido cuestionado judicialmente.

El Supremo critica la prolongada demora del Gobierno, que ha tardado más de diez años en definir el importe definitivo del rescate, y le insta a que lleve a cabo ya la liquidación definitiva sin más retrasos. La justificación es que la Administración debe cerrar este proceso que afecta a concesiones que ya no gestionan las empresas originales, ya que la gestión de estas infraestructuras ha sido transferida a la sociedad pública SEITT.

Aunque la deuda financiera generada por la quiebra fue adquirida por fondos de titulización, que participan activamente en el proceso, la sentencia confirma que las constructoras mantienen un interés legítimo para impugnar los cálculos –no para reclamar la deuda original, sino para garantizar que la cuantificación de la responsabilidad patrimonial de la administración sea correcta y conforme a Derecho.

Las radiales R-3 y R-5 fueron adjudicadas en 1999 a un consorcio formado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC para un contrato de 50 años, iniciándose la operación en 2004. Sin embargo, en 2012 entraron en concurso de acreedores, y la deuda pasó a manos de fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit, que buscan cobrar las indemnizaciones estatales futuras.

El rescate de todas las autopistas radiales ha supuesto hasta ahora un desembolso provisional para el Estado de 1.684 millones de euros. Este importe es aumentable porque la mayoría de las vías se encuentran aún en la fase de segunda resolución. Entre las autopistas con pagos contabilizados están la R-4 (134 millones), A-36 (319 millones), A-41 (41 millones), AP-7 Cartagena-Vera (278 millones), AP-7 Alicante (307 millones) y M-12 (46 millones). Por su parte, la R-2 no ha tenido coste hasta ahora.

Este proceso pone sobre la mesa el debate sobre la gestión de infraestructuras concesionadas y los costes que deben asumir las arcas públicas en rescates que inicialmente no estaban previstos. La insistencia del Tribunal Supremo en exigir al Gobierno que aborde con rapidez y rigor esta compensación busca poner fin a años de incertidumbre jurídica y económica para las partes implicadas.

Para entender el alcance de esta decisión, es clave considerar que estas autopistas fueron concebidas en un contexto de auge económico que cambió drásticamente con la crisis, lo que llevó a la inviabilidad financiera de varios proyectos. Ahora, la Justicia reclama al Gobierno actuar con celeridad y justicia para cerrar este capítulo decisivo para la industria de la construcción y para las finanzas públicas.

Más información sobre el litigio y la evolución de la responsabilidad patrimonial del Estado puede encontrarse en la cobertura de Europa Press y en el seguimiento que realiza el diario EXPANSIÓN.