Pedro Sánchez anunció este domingo que el próximo martes el Gobierno de España propondrá formalmente a la Unión Europea la ruptura del Acuerdo de Asociación con Israel. El presidente realizó este anuncio durante un acto político celebrado en Gibraleón, Huelva, junto a María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. La justificación que ofreció Sánchez es clara: un país que vulnera el derecho internacional no puede mantener el estatus de socio preferente de la UE.

El mandatario español dejó claro que la propuesta no responde a una animadversión hacia Israel como pueblo, sino hacia las decisiones del Gobierno de Netanyahu. "Somos un pueblo amigo del pueblo de Israel", subrayó, antes de insistir en que quienes violan los principios y valores sobre los que se asienta el proyecto europeo no pueden beneficiarse de los privilegios que conlleva ese acuerdo. Sánchez buscará el respaldo del resto de Estados miembros y defiende que se trata de una cuestión que "no es de izquierdas ni de derechas", sino de coherencia con los valores fundacionales de la Unión.

El Acuerdo de Asociación Euro-Mediterráneo entre la UE e Israel, en vigor desde el año 2000, regula las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre ambas partes. Suspenderlo o romperlo implicaría consecuencias económicas directas: Israel goza de acceso preferente al mercado único europeo para numerosas categorías de productos, y la UE es uno de sus principales socios comerciales. El impacto sería bidireccional, aunque las consecuencias para Israel serían considerablemente más intensas.

El anuncio de Sánchez llega días después de que una Iniciativa Ciudadana Europea alcanzara el millón de firmas solicitando precisamente esa suspensión. La iniciativa, que recabó apoyos de ciudadanos de al menos siete Estados miembros, supera el umbral mínimo exigido para obligar a la Comisión Europea a pronunciarse. Según el mecanismo establecido por la propia UE, la Comisión deberá verificar las firmas y, si se confirman los umbrales, tendrá un plazo de seis meses para indicar qué medidas adoptará o explicar por qué no actúa. La propuesta española llega, por tanto, en un momento en que la presión ciudadana ya ha puesto el asunto sobre la mesa institucional.

Más allá del plano jurídico y comercial, Sánchez contextualizó su postura en términos humanitarios y económicos. El presidente describió el conflicto en Gaza como "un inmenso error" que no solo está causando miles de víctimas mortales, sino también millones de desplazados en toda la región y pérdidas económicas que, en sus palabras, alcanzan cifras billonarias y afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos europeos. En ese marco, reclamó a quienes iniciaron la guerra que pongan fin a las hostilidades y, de forma explícita, pidió "parar los pies a Netanyahu".

La posición de España en el conflicto de Gaza no es nueva. El Gobierno de Sánchez fue uno de los primeros de la UE en reconocer formalmente al Estado palestino, una decisión que tomó junto a Irlanda y Noruega en mayo de 2024 y que generó tensiones diplomáticas con Tel Aviv. España también ha reclamado en distintos foros internacionales un alto el fuego inmediato y ha criticado de forma reiterada las operaciones militares israelíes en territorio palestino, especialmente tras el incremento de la ofensiva en Rafah.

Ahora bien, trasladar esa postura al plano comunitario es un reto de otra escala. La política exterior de la UE requiere unanimidad en el Consejo Europeo para decisiones de calado, lo que significa que cualquier medida sobre el acuerdo con Israel necesitaría el apoyo de los 27 Estados miembros. Países como Hungría, República Checa o Austria han mantenido posiciones mucho más cercanas a Israel, lo que hace muy difícil alcanzar ese consenso. La propuesta española puede tener más impacto como instrumento de presión política y de debate público que como medida con viabilidad inmediata en Bruselas.

Lo que sí está claro es que el debate ha entrado de lleno en la agenda europea. La iniciativa ciudadana que reunió un millón de firmas, sumada al posicionamiento cada vez más crítico de varios gobiernos del sur y el oeste del continente, obliga a las instituciones comunitarias a dar una respuesta. Si España logra articular una coalición de Estados que respalde su propuesta, la presión sobre la Comisión y el Consejo se intensificará. De momento, el Ejecutivo español ha dado el paso de convertir una demanda ciudadana en una iniciativa gubernamental formal, con todo lo que eso implica en términos de visibilidad política y de responsabilidad diplomática.