Correos avanza en su transformación para convertirse en la ventanilla única de la Administración General del Estado (AGE). Según el reciente contrato-programa aprobado por el Consejo de Ministros, la empresa pública ofrecerá a los ciudadanos la compra de deuda pública y la expedición de certificados digitales en sus oficinas, funciones que amplían su catálogo de servicios hasta 2030.

El contrato-programa plurianual garantiza una financiación de 400 millones de euros para Correos, distribuidos en 250 millones para sostener el Servicio Postal Universal y 150 millones para impulsar nuevas prestaciones de interés general. Esta inversión busca blindar el servicio postal y permitir que Correos funcione como un canal accesible para trámites administrativos y financieros básicos.

Actualmente, Correos ya presta servicios esenciales como la gestión de ingresos y retiradas de efectivo a través de Correos Cash, el apoyo a la regularización administrativa de inmigrantes y la tramitación de diversas solicitudes oficiales. El nuevo acuerdo amplía estas funciones, sumando la venta de deuda pública y la expedición de certificados digitales, además de prestar apoyo en situaciones de emergencia y seguridad ciudadana con sus recursos humanos y materiales.

Para el presidente de Correos, Pedro Saura, este contrato-programa representa un hito histórico en la historia de más de tres siglos de la organización. Reconoce que la diversificación es necesaria para compensar la caída en los ingresos tradicionales por correo, y resalta que la red postal es un activo estratégico clave para España que debe ofrecer servicios con alto valor social.

El Plan Estratégico 2024-2028 de Correos enmarca esta ampliación de funciones como un elemento fundamental para fomentar la cohesión territorial, económica y social, así como para impulsar la sostenibilidad y el bienestar público. La empresa pública pretende aprovechar su presencia nacional para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a servicios públicos.

El acuerdo ha recibido valoraciones positivas de los sindicatos, pero con reservas y demandas. UGT ha destacado la asignación de 806 millones de euros para el periodo 2026-2030, que consideran esencial para que Correos pueda afrontar los desafíos económicos y tecnológicos actuales. CCOO, por su parte, apoya la consolidación del servicio postal público, pero reclama mejoras laborales urgentes, como la implantación plena de la jornada de 35 horas, incentivos, avances en la carrera profesional y reducción de la temporalidad y parcialidad en los contratos.

Este contrato-programa es el cierre de una etapa estratégica en la reforma y modernización de Correos, que comenzó con un acuerdo de julio de 2024 entre SEPI, empresa y sindicatos, y una inversión prevista de 3.000 millones de euros. También se apoya en la reciente ley postal de julio de 2025, que reforzó el marco legal y las misiones de servicio público de Correos, ampliando su capacidad de actuación.

Con estos cambios, Correos refuerza su papel como un actor clave para las administraciones públicas y los ciudadanos, adaptándose a retos tecnológicos y sociales para garantizar una red postal eficiente y un amplio acceso a servicios fundamentales en todo el territorio español. Más allá del correo tradicional, la empresa pública aspira a convertirse en el punto de referencia para trámites oficiales y servicios financieros básicos en la red de oficinas postales.

La inversión y las nuevas competencias confirman que el Gobierno considera a Correos como una infraestructura estratégica para España, alineando su modernización con políticas de cohesión social y territorial que buscan un mejor servicio público para la ciudadanía en la próxima década.