La Comisión Europea ha decidido flexibilizar sus reglas fiscales para que los países de la Unión Europea puedan gastar un 0,3% adicional de su PIB en medidas contra la crisis energética, sin que ese gasto se contabilice en el cómputo del déficit público. Esta decisión, adelantada por Bloomberg y confirmada por informes oficiales, responde a las demandas expresas de España e Italia, que habían presionado para obtener mayor margen fiscal ante el impacto del alza en los costes energéticos.

Esta flexibilidad tendrá un carácter temporal y se aplicará hasta 2028, con el objetivo de que el incremento en el gasto se realice en el corto plazo y exclusivamente en iniciativas vinculadas a la transición ecológica y la mejora de infraestructuras energéticas renovables. No se permitirá utilizar esta excepción fiscal para financiar apoyos ligados al consumo de combustibles fósiles, ajustándose así a los compromisos de sostenibilidad del bloque comunitario.

El aumento autorizado del gasto en energía se enmarca dentro del porcentaje ya aprobado para la defensa, que permite un incremento agregado del 1,5% del PIB hasta 2028 para los estados con cláusulas de flexibilidad. España ya activó esta cláusula de escape fiscal de forma retroactiva tras superar sus expectativas de gasto en defensa en 2025. Por lo tanto, el nuevo margen para gasto energético no implica un aumento en el límite global de desviación presupuestaria, sino una redistribución orientada a aliviar el impacto de la crisis energética en hogares y empresas.

Bruselas también ha señalado que el gasto máximo acumulado para estas medidas no podrá superar el 0,6% del PIB en total durante los tres años que se mantendrá esta posibilidad especial. Así, cada país podrá distribuir ese gasto adicional de manera distinta: algunos pueden concentrar el gasto en 2026 y 2027 con el 0,3% anual, mientras otros optan por segmentarlo en tres tramos de 0,2% para extender la financiación hasta 2028.

La directriz refleja un cambio en la postura inicial de la Comisión Europea, que previamente mostró reticencias a flexibilizar las reglas por miedo a un posible daño reputacional y riesgos de crear desequilibrios fiscales. Sin embargo, la presión de Madrid y Roma, con la urgencia de mitigar las consecuencias sociales y económicas del aumento de los precios energéticos, ha llevado a Bruselas a aceptar esta medida equilibrada, que prioriza la transición energética y el apoyo a los sectores más afectados.

Este movimiento también está alineado con la estrategia europea de impulsar la digitalización y el desarrollo de energías limpias como pilares para afrontar la actual crisis energética y la transformación económica del continente. España ha sido especialmente activa en proponer una mayor electrificación y apoyo a renovables para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

En definitiva, esta flexibilización fiscal permitirá a los gobiernos europeos contar con un colchón financiero temporal para reforzar las ayudas urgentes a empresas y familias ante la inflación energética, sin penalizar sus cuentas públicas. La Comisión Europea mantiene, no obstante, un control estricto para evitar un uso indevido y preservar la credibilidad del pacto fiscal comunitario.

Para conocer más detalles, puede consultarse la información oficial publicada por la Comisión Europea y el análisis de Bloomberg.