Repsol está a punto de recuperar el control operativo de sus activos petroleros en Venezuela después de meses de incertidumbre. La energética española ha cerrado un acuerdo con el gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA que incluye un mecanismo de pago garantizado y un ambicioso plan para triplicar la producción en el yacimiento Petroquiriquire en un plazo máximo de tres años. El anuncio llega apenas días después de que Chevron firmase su propio acuerdo de expansión con Caracas, lo que apunta a un cambio de ciclo en la política energética venezolana impulsado desde Washington.
El acuerdo supone una reactivación directa de la presencia de Repsol en el país, donde opera desde 1993 y donde posee una participación del 40% en Petroquiriquire, un yacimiento con tres campos terrestres que actualmente produce en torno a 45.000 barriles diarios. La compañía planea aumentar esa cifra un 50% en los próximos doce meses y llegar a triplicarla en el horizonte de tres años. Repsol también es socio de la italiana Eni en el campo Perla, un proyecto marino orientado al suministro de gas al mercado interno venezolano.
Un sistema de pago para evitar los errores del pasado
Uno de los aspectos más relevantes del nuevo acuerdo es precisamente el que intenta corregir una de las principales fricciones históricas entre Repsol y Caracas: los impagos. Hasta marzo de 2025, la compañía recibía cargamentos de crudo venezolano como contraprestación por el petróleo y el gas que suministraba al país para generación de energía. Ese mecanismo se interrumpió cuando la administración Trump revocó las licencias que permitían a empresas occidentales operar en Venezuela, decisión que engrosó una deuda que la propia Repsol cifra en unos 4.550 millones de dólares en facturas pendientes.
El nuevo acuerdo no incluye un compromiso formal de Caracas para saldar esa deuda acumulada, pero sí establece garantías de cobro por la producción futura. El objetivo es que Repsol no vuelva a encontrarse en la situación de suministrar sin cobrar, algo que ha lastrado la relación bilateral durante años y que ha condicionado las decisiones de inversión de la compañía en el país.
El contexto geopolítico que lo hace posible
El acuerdo no puede entenderse sin su trasfondo político. La captura del expresidente Nicolás Maduro en enero de 2025 abrió una nueva etapa en Venezuela. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha recibido el respaldo explícito de Donald Trump para impulsar reformas orientadas al mercado. En enero aprobó una reforma del sector de hidrocarburos que redujo la carga fiscal sobre las empresas privadas y debilitó el control estatal sobre el sector. La semana pasada se aprobó una legislación similar para la minería.
Paralelamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió recientemente una licencia que permite a instituciones financieras operar con el banco central venezolano, un paso que elimina obstáculos clave para las petroleras internacionales. Trump ha pedido públicamente a las compañías del sector que inviertan 100.000 millones de dólares en Venezuela para aumentar la oferta global de crudo, aunque la respuesta ha sido hasta ahora tibia: el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, declaró en enero que Venezuela era «actualmente inviable para la inversión».
Venezuela, un gigante dormido con historial de riesgo
El país caribeño posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero la combinación de mala gestión, corrupción y sanciones estadounidenses ha hundido su producción desde los 3,5 millones de barriles diarios que alcanzaba en la década de los noventa hasta el millón actual. Recuperar aunque sea una parte de esa capacidad requeriría inversiones masivas y, sobre todo, estabilidad institucional y jurídica, dos factores que históricamente han brillado por su ausencia en el país.
El acuerdo de Repsol con Venezuela forma parte de una tendencia más amplia: varias compañías occidentales están evaluando o retomando posiciones en el país ahora que el marco regulatorio y las sanciones están cambiando. El caso de Chevron, que también ha acordado esta semana expandir sus operaciones, refuerza esa lectura. La pregunta que queda en el aire es si la estabilidad política venezolana será suficiente para sostener estos acuerdos en el medio plazo, o si los riesgos estructurales del país acabarán condicionando de nuevo los planes de las empresas extranjeras.
Para Repsol, la apuesta tiene una lógica clara: recuperar el control operativo y asegurar el cobro por la producción futura mientras intenta, en paralelo, abrir una vía para recuperar parte de esa deuda histórica. La compañía lleva más de treinta años en Venezuela y conoce bien tanto las oportunidades como las trampas del mercado. El tiempo dirá si esta vez las condiciones son distintas.