La secretaria política de Podemos e eurodiputada Irene Montero ha declarado que la actual legislatura bajo el Gobierno de Pedro Sánchez está agotada y que el Ejecutivo "está enterrado". Estas afirmaciones se produjeron el domingo durante su intervención en una manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública, organizada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid.

Montero subrayó que esta legislatura no ha logrado resolver ninguno de los grandes problemas que afectan a la ciudadanía y que, además, se ha visto empañada por escándalos de corrupción que han hecho que el Gobierno pierda credibilidad ante la sociedad. "Nos hemos levantado cada vez que ha habido gobiernos que no han respondido a lo que la gente necesita y lo vamos a volver a hacer", señaló con determinación.

Uno de los puntos que Montero destacó fue la preocupación por la privatización de los servicios sanitarios. Reclamó la derogación de la Ley 15/1997, que introduce la posibilidad de que empresas privadas gestionen servicios públicos de salud, una medida que Podemos considera clave para evitar la mercantilización del sistema sanitario. Criticó tanto al PSOE como al PP por permitir estas políticas, calificándolas de insensatas y criminales por comprometer un derecho fundamental como es la salud.

"El aumento de las listas de espera está empujando a mucha gente a contratar seguros médicos privados, y eso sólo beneficia que determinadas empresas hagan negocio con la salud. Es inaceptable", afirmó. Además, advirtió contra la percepción errónea que se ha difundido en algunos sectores, que culpan a la inmigración de los problemas en la sanidad, mientras que en realidad se están concediendo recursos a capitales extranjeros sin compromiso alguno con el bienestar de la población española.

Para Montero, la solución pasa por un sistema sanitario fuerte, gratuito y accesible para todos, con medidas claras que incluyan la reducción de las listas de espera, la contratación y buena remuneración de pediatras y médicos en centros públicos, y sobre todo, la prohibición de cualquier proceso de privatización.

Contexto de la Ley 15/1997 y la privatización sanitaria

Esta ley, aprobada en 1997, supuso una apertura para que iniciativas privadas pudieran intervenir en la prestación de servicios sanitarios públicos. Desde entonces, el debate sobre la calidad y el modelo de salud pública en España ha sido constante, con críticas recurrentes hacia la externalización y la gestión privada que algunos sectores asocian con deterioro en la atención y desigualdad.

El Gobierno actual, liderado por el PSOE en coalición con Unidas Podemos, ha tenido que enfrentar estas tensiones internas. Si bien Unidas Podemos ha presionado para revertir algunas de estas políticas, las críticas de Montero reflejan que desde su posición no ven avances suficientes en esta materia.

Impacto en la salud pública y percepción ciudadana

Diversos estudios y datos del Ministerio de Sanidad muestran que las listas de espera para intervenciones y consultas especializadas han aumentado en los últimos años, en parte debido al envejecimiento de la población y a limitaciones presupuestarias causadas también por la pandemia de COVID-19.

Según el informe del Ministerio de Sanidad, en 2025 la espera media para una intervención quirúrgica superó los 70 días, lo cual lleva a muchos usuarios a buscar alternativas privadas para acelerar su atención. Esto, según los expertos, puede generar un sistema sanitario dual y aumentar la desigualdad en el acceso a servicios esenciales.

La respuesta política y social

La manifestación que respaldó Montero agrupó a asociaciones de vecinos y colectivos en defensa de la sanidad pública que exigen un aumento en la inversión y la reversión de las políticas de privatización. Estas movilizaciones evidencian un descontento social amplio sobre la gestión sanitaria y la tutela del sistema público.

Podemos, partido clave en el actual Ejecutivo, se posiciona con firmeza en contra de las concesiones al sector privado en la sanidad, reclamando medidas legales concretas y mayor control sobre los servicios públicos.

El PSOE, por su parte, aunque ha expresado su apoyo a la sanidad pública, mantiene una posición más cauta respecto a la eliminación total de los modelos de gestión privada, lo que ha generado fricciones internas dentro del Gobierno de coalición.

Perspectivas hacia el futuro

Con la legislatura próxima a su fin y la crispación política en aumento, el debate sobre la sanidad pública y su financiación será un tema central en la agenda política española. La defensa del sistema sanitario sin privatizaciones aparece como un asunto prioritario para sectores progresistas y amplios movimientos sociales.

Es probable que Podemos continúe presionando para que se deroguen leyes como la 15/1997 y para que las políticas públicas giren hacia una mayor democratización y reforzamiento del sector público, mientras se preparan los escenarios para eventuales elecciones anticipadas o para la configuración de futuros gobiernos.

Este contexto sitúa la sanidad pública en el centro del debate político y social, con un llamado urgente a equilibrar eficiencia, accesibilidad y justicia en la gestión de un derecho tan esencial como la salud.

Para más información sobre la situación actual del sistema sanitario en España, puede consultarse el análisis detallado en El País o en la web oficial del Ministerio de Sanidad.