El Gobierno español comienza este lunes a desactivar parte de su plan anticrisis, diseñado para mitigar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio. La principal medida que concluye es la rebaja del IVA aplicada a la electricidad y al gas, que recuperan el tipo general del 21% tras haber estado en un 10% durante mes y medio.
A partir del 1 de junio, el IVA de la electricidad, el gas natural, así como de briquetas, pellets y leña, volverá a subir al 21%, mientras que el impuesto especial sobre la electricidad recupera su porcentaje habitual del 5%, frente al 0,5% temporal aplicado durante el plan anticrisis. Esta decisión se adopta tras la constatación de que los precios de estos suministros se han contenido desde abril.
Sin embargo, otras ayudas y bonificaciones incluidas en el plan continuarán vigentes hasta al menos el 30 de junio. Entre ellas, destaca la reducción del IVA para los carburantes, que se mantiene en el 10% dado que sus precios siguen muy por encima del umbral del 15% de inflación fijado para eliminar estas medidas. En abril, los combustibles líquidos aumentaron un 51,7% y el gasóleo un 28,2%, cifras que justifican mantener las bonificaciones.
También permanecerán activas hasta finales de junio la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, los apoyos económicos para agricultores y transportistas, y los descuentos adicionales del bono social eléctrico. El Ejecutivo ha celebrado esta semana una reunión con agentes sociales para evaluar el efecto de las medidas y empezar a definir qué políticas de apoyo serán necesarias una vez finalice el plan.
Tras ese encuentro, sindicatos como CCOO y UGT han reclamado una revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI) para compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación relacionada con el conflicto internacional. Además, piden la prórroga de la rebaja del IVA y la creación de una ayuda directa de 300 euros para hogares con ingresos bajos.
Desde el Gobierno, se defiende que el plan anticrisis ha cumplido su objetivo de contener el impacto de los precios, pero se anuncian próximos diálogos con agentes económicos y sociales para valorar la continuidad o adaptación de las medidas. La inflación, aunque moderada en mayo con un IPC del 3,2%, mantiene un ritmo elevado y varias instituciones han revisado al alza sus previsiones para 2024.
Por ejemplo, Funcas ha ajustado su proyección de inflación media para este año al 3,4%, ocho décimas más que la estimación previa. Otras entidades como la Cámara de Comercio de España, CEOE e Instituto de Estudios Económicos también han incrementado sus estimaciones para 2024 y 2026, anticipando una tasa media entorno al 3% o superior.
Funcas alerta que si se eliminan las medidas anticrisis, la inflación podría alcanzar el 4% en verano debido, entre otros factores, al repunte del precio del petróleo, que podría situarse en 115 dólares por barril. En el caso de los alimentos no elaborados, cuyo coste subió un 4,6% en abril, se proyecta un aumento acumulado del 7% hacia verano y otoño. Este comportamiento se atribuye al retraso en el impacto de la subida de los fertilizantes provocada por el conflicto internacional.
El Gobierno afronta ahora la difícil tarea de equilibrar la retirada gradual de las ayudas con la necesidad de proteger la economía española frente a la inflación persistente, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre energética y la volatilidad de los mercados.
Para seguir el desarrollo de estas políticas, se recomienda consultar fuentes oficiales como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las últimas proyecciones económicas de Funcas.
También es relevante mantener atención a los informes del Instituto Nacional de Estadística sobre la evolución del IPC y a los comunicados de sindicatos y organizaciones empresariales que participan en el diálogo social sobre el coste de la vida y las medidas anticrisis.