El Nasdaq 100 ha subido un 15% desde finales de marzo. Las grandes tecnológicas —Nvidia, Apple, Amazon, Meta, Alphabet— han liderado una recuperación bursátil que dejó atrás con rapidez los temores geopolíticos derivados del conflicto en Oriente Medio. Los inversores parecían haber olvidado también las dudas sobre la rentabilidad real de las billonarias inversiones en inteligencia artificial. Pero ahora asoma un riesgo diferente, más doméstico y más difícil de neutralizar con un comunicado de prensa: la resistencia ciudadana y política a los centros de datos.
Esta semana, el parlamento del estado de Maine aprobó una moratoria de 18 meses que prohíbe construir nuevos centros de datos con una demanda eléctrica superior a 20 megavatios. No es un caso aislado. Según el banco de inversión Jefferies, al menos otros diez estados estadounidenses están debatiendo medidas de restricción similares. La geografía del conflicto se extiende por todo el país y empieza a preocupar seriamente a los mercados.
El problema es la factura de la luz
La queja central de vecinos y políticos locales es concreta y comprensible: los centros de datos consumen cantidades ingentes de electricidad, y ese consumo masivo presiona al alza las tarifas eléctricas que pagan los hogares. No es una preocupación abstracta. En muchas zonas rurales de Estados Unidos, la llegada de estas instalaciones ha coincidido con subidas notables en los recibos de la luz, alimentando un malestar que trasciende la ideología política.
Grandes empresas como Microsoft, Amazon, Oracle, OpenAI o xAI intentaron calmar el ambiente el mes pasado con compromisos públicos: construir sus propias fuentes de generación eléctrica o compensar económicamente a los consumidores afectados. Sin embargo, esas promesas no han logrado desactivar la presión social. La desconfianza hacia las grandes corporaciones tecnológicas es parte del problema, y los políticos locales lo saben.
Lo que está en juego para los mercados
Las implicaciones financieras de esta resistencia pueden ser considerables. Jefferies advierte en un análisis reciente que lo ocurrido en Maine "refleja un creciente riesgo político para la infraestructura tecnológica". Los proyectos de centros de datos podrían ralentizarse y encarecerse. Y si las restricciones se consolidan en varios estados, el ritmo de expansión de la infraestructura de IA en Estados Unidos quedaría seriamente comprometido.
Hay además una lectura geopolítica que los analistas no pasan por alto: si las empresas chinas del sector pueden expandirse con menos trabas regulatorias y menor resistencia social, la carrera tecnológica global podría inclinarse a favor de Pekín. En un contexto donde la rivalidad tecnológica entre EE.UU. y China ya es uno de los ejes centrales de la política exterior estadounidense, ese escenario añade urgencia al debate.
El asunto tiene también una dimensión electoral directa. Las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos se celebrarán con este conflicto sobre la mesa. El impacto en los precios de la energía y el temor al efecto de la IA sobre el empleo son dos argumentos con enorme potencial de movilización popular, independientemente del partido. Ningún legislador quiere llegar a las urnas defendiendo a las grandes tecnológicas frente a los vecinos que pagan más luz.
Quién más sale perjudicado
El efecto dominó de un frenazo a los centros de datos no se limitaría a las grandes tecnológicas cotizadas en el Nasdaq. La cadena de valor es amplia: empresas energéticas, constructoras, fondos de inversión en infraestructura y promotores inmobiliarios también se verían afectados. Un ejemplo relevante para España: Iberdrola distribuye electricidad en Maine, por lo que cualquier cambio regulatorio en ese estado tiene una lectura directa para la compañía española.
Más allá de EE.UU., el debate podría cruzar el Atlántico si la expansión de los centros de datos en Europa genera tensiones similares en los mercados eléctricos locales. En España, la estrategia pasa por apostar por las energías renovables para alimentar estas instalaciones —especialmente en regiones como Aragón, que se ha posicionado como polo de atracción para este tipo de infraestructura—, lo que podría servir de argumento para diferenciarse del modelo estadounidense y reducir la fricción social.
Lo que está claro es que el riesgo político ha llegado al corazón del negocio tecnológico. Durante meses, los inversores evaluaron los centros de datos en clave de rentabilidad futura y competencia entre plataformas. Ahora tendrán que incorporar una variable nueva: la capacidad de los gobiernos locales y los ciudadanos para frenar, retrasar o encarecer una infraestructura que se consideraba imparable. El Nasdaq puede aguantar muchas cosas, pero una rebelión popular coordinada en once estados es un tipo de riesgo para el que los modelos de valoración tradicionales no estaban preparados.