El próximo 17 de octubre entrará en vigor una nueva normativa que obliga a que todas las llamadas comerciales en España utilicen un prefijo específico: el 400. Esta medida, parte del plan del Gobierno para luchar contra el spam telefónico y las estafas, implica que los números de estas llamadas tendrán nueve dígitos y comenzarán necesariamente por dicho prefijo, lo que facilitará a los usuarios identificar y distinguir estas comunicaciones.
El ministro de Transformación Digital, Óscar López, explicó esta decisión durante la presentación del balance semestral del servicio 017, gestionado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Este canal atiende las consultas relacionadas con estafas y fraudes digitales, y sus datos reflejan un aumento significativo en las consultas por suplantación de identidad y fraudes económicos.
Desde la implementación del plan, los operadores de telecomunicaciones han bloqueado más de 300 millones de llamadas y 26,6 millones de SMS vinculados a actividades fraudulentas. La obligatoriedad del prefijo 400 busca reforzar esta barrera contra las llamadas no deseadas o engañosas, permitiendo que el usuario reconozca de inmediato cuándo recibe este tipo de comunicación comercial.
Además, los números que empiecen por 400 funcionarán como unidireccionales, es decir, el receptor solo podrá recibir llamadas, pero no responderlas. Esta característica pretende evitar que los usuarios devuelvan llamadas a números desconocidos que puedan utilizarse para fines fraudulentos o cargos inesperados. En paralelo, se bloquearán llamadas comerciales que no utilicen este prefijo, siguiendo lo estipulado en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela aprobada en diciembre.
Estas acciones forman parte de un paquete mayor que el Gobierno desplegará hasta 2026. Otra medida destacada arrancará el 15 de septiembre, cuando los operadores también bloquearán SMS que no estén inscritos en una base de datos oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Solo los mensajes con alias vinculados a entidades legítimas llegarán a los usuarios, minimizando así los riesgos de mensajes fraudulentos que suplanten empresas o instituciones públicas.
El informe del servicio 017 muestra además que las consultas más frecuentes recibidas entre enero y junio de este año están relacionadas con el vishing, smishing y phishing: técnicas donde delincuentes se hacen pasar por empresas o personas de confianza para robar información. Más del 40% de las consultas ciudadanas tienen que ver con estos fraudes, mientras que en el ámbito empresarial alcanzan el 30,6%.
También se constata un aumento notable en las consultas sobre fraudes financieros, especialmente falsas inversiones y criptomonedas, que han crecido siete veces respecto a todo 2022. Por su parte, las denuncias por fraudes bancarios se han multiplicado por cuatro en el mismo periodo. Las empresas también alertan sobre riesgos relacionados con el fraude CEO, donde el criminal finge ser un directivo para engañar a la organización.
En cuanto a los menores, se observa una creciente preocupación por la privacidad en línea y la sextorsión, situándose esta última casi al mismo nivel que las consultas sobre reputación digital. El ciberacoso mantiene su relevancia como motivo de consulta, situándose en quinto lugar.
Estas medidas del Gobierno representan un esfuerzo integral para combatir la cibercriminalidad telefónica y SMS, mejorando la seguridad y confianza de los usuarios ante el creciente uso malintencionado de las telecomunicaciones. La implantación del prefijo 400 y las nuevas restricciones aseguran que las comunicaciones comerciales serán más transparentes y menos abusivas, un avance clave en la protección del consumidor.
Puedes consultar más detalles sobre estos avances y estadísticas en el sitio oficial del Ministerio para la Transformación Digital y en el informe del Incibe sobre ciberseguridad.