La reactivación de los enfrentamientos en Oriente Próximo ha puesto en alerta al Gobierno español, que monitorea de cerca la evolución del precio del petróleo y los carburantes. Según fuentes oficiales consultadas por EXPANSIÓN, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de aumentar la rebaja en gasolina y diésel de los actuales 15 céntimos por litro a 20, si se produce un nuevo repunte en los costes.

Esta medida forma parte de un real decreto aprobado a finales de junio que modificó la política fiscal sobre los carburantes. El decreto eliminó la rebaja anterior en el IVA y estableció una reducción fija de 15 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos, que está prevista para ir decreciendo hasta desaparecer en octubre. No obstante, este plan partía del supuesto de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se mantendría estable, algo que se ha visto comprometido la última semana.

El contexto internacional, marcado por la incertidumbre en el Estrecho de Ormuz y la intensificación de la violencia, amenaza con un nuevo aumento en el precio del crudo. Esto genera preocupación entre sectores económicos clave y para la economía española en general, debido especialmente al impacto en plena temporada alta turística, cuando los costes en movilidad y transporte se vuelven más sensibles.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, encabezado por Carlos Cuerpo, manifiestan que están realizando un seguimiento riguroso de la situación y podrían activar una cláusula del decreto que permite llevar la rebaja de 15 a 20 céntimos por litro. Esta medida ya se aplica a los combustibles profesionales usados por agricultores, ganaderos y transportistas. La decisión se tomará en función de la evolución de los precios y su repercusión directa en los consumidores y sectores productivos.

Además, la guerra en Oriente Próximo también ha impactado en el precio de otros insumos esenciales, como los fertilizantes, cuyo encarecimiento genera alarma en el sector agrícola y ganadero. La subida de estos productos influye directamente en los costes de producción de alimentos, con posibles efectos en cadena que podrían notarse desde finales de este año.

Como respuesta, el presidente Pedro Sánchez anunció la semana pasada un Plan Estatal de Fertilizantes dotado con más de 600 millones de euros para subvencionar la adquisición de estos insumos. Esta iniciativa complementa los 165 millones ya asignados a un fondo destinado a amortiguar el impacto del conflicto internacional en la economía nacional, y se espera que las ayudas adicionales lleguen durante el primer trimestre del próximo año.

El escenario marcado por la guerra y su prolongación indefinida mantiene la economía española en un estado de incertidumbre. La evolución de los precios de la energía, fundamentales para la mayoría de sectores, seguirá siendo un indicador clave para definir la política de ayudas y para evaluar los riesgos que enfrentan consumidores y empresas en los próximos meses.

Este entorno resalta la complejidad para el Gobierno de diseñar medidas de apoyo que equilibren el control de la inflación sin generar desequilibrios fiscales, utilizando herramientas flexibles que puedan adaptarse rápidamente a cambios repentinos en el contexto global. En este sentido, la posible subida de la rebaja en carburantes a 20 céntimos sería una muestra de esta estrategia para mitigar impactos en la economía real.