El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe que atribuye exclusivamente a Renfe la responsabilidad del fracaso en la adquisición de trenes de ancho métrico encargados a CAF en 2019. Este proyecto fracasó porque los trenes no encajaban en las vías debido a cálculos erróneos sobre los gálibos, que determinan el alto y ancho permitido para circular. Los trenes estaban destinados a rutas de Cantabria, Asturias y País Vasco, pero el error técnico causó un severo impacto económico y político.

El fallo en el diseño de los pliegos del contrato, según destaca el Tribunal, incluía requisitos técnicos imposibles de cumplir. Esto condujo a una situación de nulidad del contrato por causas legales, un hecho que Renfe no gestionó adecuadamente, ya que pese a conocer en 2021 que los gálibos eran incompatibles con las vías, optó por no rescindir el contrato.

Es relevante que el informe exculpa a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, dirigida entonces por Isabel Pardo, a Adif -encargado de la infraestructura ferroviaria- y a CAF, el fabricante vasco. Estos últimos habían sido en un primer momento señalados en la polémica, pero el Tribunal aclara que CAF recibió a tiempo la información sobre incompatibilidades y no estaba obligado a anular el contrato.

Además, el informe critica la actuación del Ministerio de Transportes bajo la gestión de Óscar Puente, que permitió una modificación formal del contrato en noviembre de 2024 que incrementó el coste total hasta 218,8 millones de euros. Esta ampliación del presupuesto, que sumó cerca de 37 millones más al coste original, fue cuestionada por el órgano fiscalizador por carecer de una justificación jurídica sólida.

La crisis tuvo también importantes consecuencias políticas. En febrero de 2023, la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, presionó para que dimitieran la secretaria de Estado Isabel Pardo y el presidente de Renfe, Isaías Taboas, quienes asumieron la responsabilidad política del fiasco. Posteriormente, el presidente de Renfe bajo la nueva gestión, Raül Blanco, también fue cesado tras formalizarse la polémica modificación del contrato con CAF.

Actualmente, los trenes siguen en fase de construcción, con una fecha máxima estimada de entrega para noviembre de 2028, cinco años después de la contratación inicial. Este retraso prolonga la incertidumbre y mantiene activa la carga financiera sobre las arcas públicas, en un contexto en el que la inversión pública en transporte ferroviario es clave para la movilidad sostenible en el norte de España.

El caso evidencia las dificultades en la coordinación entre operadores ferroviarios como Renfe, gestores de infraestructuras como Adif y fabricantes, así como la relevancia del control riguroso en la gestión contractual por parte de los ministerios. El Tribunal de Cuentas ha aportado claridad a una situación cuyo impacto económico y político sigue vigente y que, según sus conclusiones, podría haberse evitado con una mayor diligencia en la elaboración y seguimiento del contrato.

Para profundizar, el informe completo está disponible en la web oficial del Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Transportes ha emitido comunicaciones sobre las medidas adoptadas tras la crisis.

Este episodio subraya la necesidad de reforzar los controles en la contratación pública ferroviaria, pues las consecuencias de estos errores afectan no solo a las finanzas públicas sino también a la calidad y eficiencia del servicio público de transporte.