La recta final para aprobar el nuevo decreto de vivienda en España está en marcha. El Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar ha consensuado una prórroga automática de alquileres que podría extenderse hasta el 30 de junio de 2028. Esta medida busca congelar las rentas actuales y beneficiar a cerca de cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares, según fuentes del Ejecutivo.

El texto, que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana planea llevar al Consejo de Ministros el próximo martes 28 de julio, también incorpora diversas propuestas para frenar el uso fraudulento del alquiler turístico y de temporada. Entre ellas destacan el aumento del IVA hasta el 21% para viviendas turísticas y un endurecimiento de las sanciones contra la publicidad irregular en plataformas digitales, orientadas a reducir el impacto del alquiler vacacional en ciudades tensionadas.

El decreto pretende, además, ofrecer bonificaciones fiscales en el IRPF para propietarios que mantengan las rentas congeladas y regular otras deducciones vinculadas a la vivienda, como posibles incentivos fiscales sobre la cuota hipotecaria, una figura que estuvo vigente hasta 2013.

Esta iniciativa llega tras el rechazo parlamentario al anterior decreto que buscaba limitar la negociación de alquileres. La prórroga acordada ahora tiene el respaldo de las principales fuerzas del Ejecutivo, aunque todavía será sujeto de negociación con otros grupos políticos para lograr su convalidación en el Congreso de los Diputados al regreso de las vacaciones de agosto.

No obstante, la negociación no está exenta de complejidades. Podemos ha manifestado su oposición a incluir bonificaciones fiscales para propietarios, mientras que Junts condiciona su apoyo a dichas medidas, generando un intenso debate político. Por otro lado, propuestas para proteger a colectivos vulnerables, como la prohibición de desahucios, no cuentan con el consenso de todas las fuerzas implicadas.

El Ministerio liderado por Isabel Rodríguez ha optado por la discreción en torno al contenido del decreto, definiéndolo como amplio y ambicioso, dirigido a ofrecer soluciones estructurales para la crisis habitacional. Fuentes oficiales subrayan la prioridad de aprobar el texto en el Consejo de Ministros y conseguir el respaldo parlamentario necesario para su aplicación efectiva.

Este paquete normativo aborda uno de los principales problemas sociales y económicos actuales: el acceso a la vivienda asequible. Regula el mercado del alquiler y busca equilibrar los intereses de inquilinos, propietarios y sectores turísticos, en línea con la creciente preocupación pública y política por el encarecimiento del alquiler en zonas urbanas.

Para analizar el impacto real de estas medidas, será clave observar las negociaciones en el Congreso y la respuesta del mercado inmobiliario. La extensión de la prórroga con congelación de rentas puede aportar estabilidad a los inquilinos, pero su duración y condiciones pueden generar incertidumbre en los propietarios.

En suma, el real decreto que el Gobierno aborda plantea cambios significativos en la regulación del alquiler y en la fiscalidad del sector, reflejando la complejidad que supone legislar en un ámbito sensible y conflictivo. La confirmación definitiva de estas medidas marcará la agenda política y social de los próximos años en materia de vivienda.

Más información sobre las políticas de vivienda en España se puede consultar en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en informes del INE.

También resulta útil seguir el análisis económico de portales especializados como Expansión, que han cubierto ampliamente la evolución del decreto y las negociaciones parlamentarias.