En el último pleno antes del parón estival, el Congreso de los Diputados volvió a rechazar la senda de déficit y el techo de gasto planteados por el Ministerio de Hacienda para 2027. Esta es la segunda ocasión en la que la cámara tumba estas previsiones presupuestarias clave para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió con firmeza la propuesta, reprochando al Partido Popular que anteponga la derrota del Gobierno a conceder mayor margen fiscal a las comunidades autónomas. La negativa de la Cámara implica que se perderá un margen equivalente al 0,1% del PIB para las regiones, alrededor de 5.849 millones de euros para el periodo 2027-2029. Sin embargo, el PP responsabilizó al Gobierno de repetir errores y le pidió que convoque elecciones tras el fracaso en lograr un acuerdo sobre déficit.

Los grupos como Vox, Junts y UPN también votaron en contra, mientras que Podemos optó por abstenerse. Junts acusó directamente al Gobierno de no querer presentar unos Presupuestos y exigió cumplir compromisos con las fuerzas independentistas. En paralelo, ERC dio su visto bueno para no bloquear las cuentas, aunque avisó que solo respaldarán los Presupuestos que respeten sus acuerdos políticos.

En contraste con este bloqueo presupuestario, el Congreso aprobó continuar con la tramitación del proyecto de ley que contempla la quita de 83.252 millones de euros de deuda para las comunidades autónomas. Esta medida, impulsada originalmente por María Jesús Montero, busca aliviar la carga financiera acumulada por las regiones tras la crisis económica y la pandemia.

La propuesta recibió el apoyo de partidos como Junts, que ya adelantó que presentará enmiendas al texto. El PP, por su parte, criticó la medida por beneficiar a regiones más endeudadas, especialmente aquellas con mayor financiación vía el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mientras que perjudica a las comunidades que han mantenido cuentas saneadas.

Arcadi España explicó que la mayor parte de la quita se destinará a comunidades gobernadas por el PP, replicando el argumento ya defendido previamente por su predecesora. La condonación aportaría un ahorro estimado de unos 6.700 millones de euros en intereses para las regiones. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid recibirán las mayores reducciones, mientras que La Rioja y Cantabria serían las menos beneficiadas.

El ministro calificó esta quita como un pilar fundamental para fortalecer el Estado autonómico y la base para una próxima reforma del sistema de financiación autonómica que está prevista para ser votada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además, el Congreso respaldó la convalidación de un decreto de ayudas por la guerra, que incluye una rebaja fiscal a los carburantes pendiente de su gradual retirada prevista para octubre. Esta medida contó con la abstención del PP y el apoyo de Junts, que la consideró insuficiente.

Por último, tras un largo proceso en el Parlamento, se aprobó la pasarela que permite a unos 100.000 profesionales mutualistas –abogados, arquitectos, médicos, entre otros– incorporarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y cotizar al sistema público de Seguridad Social, asegurando así su acceso a pensiones públicas en el futuro.

El texto excluye a los mutualistas actualmente jubilados, quienes no podrán transferir sus fondos de mutualidades al sistema público. Para el cálculo de las bases de cotización se introducen coeficientes favorables, salvo para quienes tengan 52 o más años en 2026, quienes podrán elegir la fórmula 1x1 para el reconocimiento de sus períodos cotizados.

El Gobierno debe seguir desarrollando aspectos pendientes del plan, como la posible aplicación del IPC a las aportaciones, tras esta aprobación parlamentaria.

Estas votaciones reflejan la complejidad del escenario político actual en España, marcado por la incapacidad del Ejecutivo para garantizar el respaldo legislativo a sus principales objetivos financieros, aunque sí logra avances en reformas que afectan a la sostenibilidad financiera de las comunidades y a la seguridad social de profesionales por cuenta propia.

Más información en el Ministerio de Hacienda y el Congreso de los Diputados.