Este martes 14 de julio, el Congreso de los Diputados celebra el primer debate y votación sobre la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria para los Presupuestos Generales del Estado de 2027.
Se trata de un paso fundamental antes de la presentación oficial del proyecto de ley de Presupuestos en la Cámara baja, que el Gobierno planea para la vuelta del verano. La aprobación de esta senda determina los límites de déficit que las administraciones públicas deberán respetar en los próximos tres años.
El Ejecutivo propone un déficit del 1,8% del PIB para 2027, que se reducirá al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. En este reparto, la mayor parte del déficit recaerá en la Administración Central, con objetivos del 1,5%, 1,4% y 1,3% para esos años. Las comunidades autónomas dispondrán de un margen del 0,1% del PIB, equivalente a cerca de 5.849 millones de euros, una cifra que ha generado rechazo en los gobiernos autonómicos del PP.
El subsector de las entidades locales tendrá que mantener el equilibrio presupuestario en todo el periodo. Por su parte, la Seguridad Social afrontará un déficit máximo del 0,2% en 2027 y del 0,1% en 2028 y 2029. En cuanto a la deuda pública, el Ejecutivo apunta a una reducción gradual, desde el 97,6% del PIB en 2027 al 95,3% en 2029.
La senda de déficit no está garantizada. La oposición formada por PP, Vox y Junts, mayoría absoluta en el Congreso, ha expresado su rechazo en repetidas ocasiones durante esta legislatura. Si la propuesta no logra el apoyo este martes, se prevé una segunda votación el 23 de julio. En caso de nuevo rechazo, el Gobierno plantea continuar con la tramitación ajustando la senda a los límites fiscales impuestos por la Unión Europea.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha solicitado a los grupos que dejen a un lado los intereses partidistas para centrarse en la necesidad nacional. Durante la presentación del plan en el Consejo de Ministros, enfatizó que los presupuestos que se presentarán son los que el país requiere.
Respecto a la deuda, el Gobierno establece que la Administración Central y la Seguridad Social deberían reducir su deuda desde el 77,6% del PIB en 2027 hasta el 76,6% en 2029. Para las comunidades autónomas, el plan fija una disminución desde el 18,9% al 17,7% en el mismo periodo, y en las entidades locales se prevé una reducción del 1,1% al 1%. La regla de gasto, que limita el crecimiento del gasto público, se sitúa en el 4% para 2027 y bajará al 3,6% en 2029.
Finalmente, el Ejecutivo eleva el techo de gasto no financiero a un récord de 226.032 millones de euros para 2027, un aumento del 6,6% respecto a 2026, lo que refleja su intención de mantener cierto dinamismo en la inversión pública pese a las restricciones fiscales.
Esta votación es decisiva para la estabilidad económica y la planificación fiscal de España en los próximos años. La oposición y el Gobierno preparan sus estrategias de cara a la posible segunda votación, mientras el país observa con atención el devenir de unos presupuestos claves para la recuperación y crecimiento económico.
Para consultar más detalles sobre la senda fiscal y los presupuestos, puedes revisar la información oficial en el Ministerio de Hacienda o las notas del Congreso de los Diputados, que actualizan sus datos en cada sesión plenaria.