El Gobierno ha paralizado la tramitación parlamentaria de una proposición de ley presentada por Junts que aspiraba a introducir mejoras en el sistema de cotización de autónomos y a flexibilizar el acceso a la prestación por cese de actividad, comúnmente conocida como el paro para los trabajadores por cuenta propia.

Esta iniciativa contaba con el respaldo principal de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), cuyo presidente Lorenzo Amor criticó duramente al Ejecutivo por rechazarla, calificando la decisión de un maltrato hacia el colectivo autónomo. Sin embargo, la decisión del Gobierno responde a su capacidad constitucional para vetar propuestas que impliquen una disminución de ingresos públicos, especialmente en un momento de incertidumbre para sus apoyos en el Congreso.

Entre las medidas más relevantes de la propuesta destacaba la eliminación del requisito de demostrar pérdidas económicas, técnicas, productivas y organizativas para acceder al cese de actividad tras el cierre del negocio. Actualmente, la Seguridad Social deniega aproximadamente el 60% de estas solicitudes debido a esta condición, lo que dificulta que muchos autónomos puedan recibir esta prestación.

Además, la reforma planteaba ajustes en el sistema de cotización por ingresos reales vigente desde 2023. La intención era reducir los prolongados plazos de regularización de cuotas, que pueden superar el año tras acabar el ejercicio fiscal, y corregir problemas detectados en ciertos subgrupos como los autónomos societarios o los que compatibilizan varias actividades, quienes a menudo sufren sobrecotizaciones que afectan su liquidez.

La propuesta incluía también la implementación de una cuota obligatoria para autónomos y microempresas que aspiren a contratos públicos, buscando mejorar su inclusión en la contratación estatal y evitar la exclusión por costes excesivos.

Además, esta ley preveía introducir el régimen de IVA franquiciado para autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Este sistema les eximiría de retener y liquidar el IVA directamente, a cambio de renunciar a deducir el impuesto soportado en sus gastos. El objetivo era simplificar sus obligaciones fiscales y mejorar su competitividad en precios, una reivindicación recurrente del colectivo.

Este último punto fue una condición clave impuesta por Junts para apoyar el decreto anticrisis derivado del conflicto en Oriente Medio y la guerra en Irán. No obstante, tras el veto del Ejecutivo a la ley completa, este régimen de IVA franquiciado podría tramitarse por separado en el futuro. Sin embargo, las negociaciones parecen estancadas, especialmente después de que Junts afirmase que el Gobierno no logrará aprobar los Presupuestos Generales del Estado esta legislatura, lo que augura un camino político complicado.

El rechazo de esta ley genera preocupación en el sector de autónomos, uno de los pilares del emprendimiento y la economía española, que ve frustradas algunas de sus reclamaciones más históricas en materia de protección social y simplificación fiscal. La situación política y presupuestaria parece complicar la aprobación de cambios que podrían beneficiar a más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia.

Es probable que este debate se mantenga abierto en el Parlamento, con propuestas alternativas y presiones desde las asociaciones para mejorar el actual régimen de cotización y prestaciones. La flexibilización del cese de actividad y la simplificación fiscal son dos retos pendientes que podrían marcar la agenda económica si las alianzas políticas permiten avanzar en los próximos meses.

Para entender el alcance del sistema de cotización actual y las dificultades que enfrentan los autónomos, recomendamos consultar los documentos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las valoraciones técnicas de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Asimismo, el bloqueo de esta proposición es un claro reflejo de la tensión política que atraviesa el Congreso, donde los apoyos al Gobierno son limitados y cualquier propuesta que comprometa ingresos públicos encuentra resistencias, tal como explican expertos en análisis presupuestario consultados por El País.

El debate sobre las cuotas y las condiciones del cese de actividad continúa siendo un asunto crítico para el tejido productivo español y su capacidad de adaptación ante situaciones como la crisis económica global o impactos imprevistos en la actividad empresarial.