El Gobierno está ultimando un real decreto ley para crear una nueva prestación temporal dirigida a los trabajadores afectados por los incendios, ya sea porque sus empresas hayan sufrido daños o porque ellos mismos hayan sido desplazados o perdido sus hogares debido a las llamas.
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lidera esta iniciativa que busca extender la protección social en situaciones extraordinarias vinculadas a desastres naturales. La prestación, financiada íntegramente por el Ministerio de Trabajo, cubrirá un porcentaje del salario basado en la base reguladora, aunque este porcentaje no ha sido detallado todavía. Además, se establecerán bonificaciones en las cotizaciones sociales para las empresas que tengan trabajadores en estas circunstancias.
Esta nueva ayuda se suma al permiso retribuido de cuatro días por causas climáticas ya contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, y tiene carácter temporal, pensado para aplicarse durante la temporada de incendios. Aún queda por definir el periodo máximo para solicitar la prestación y la duración total de la misma, dado que el tiempo de afectación puede variar según el caso.
Trabajo ha discutido la medida con agentes sociales, como sindicatos y patronales, y con las consejerías responsables en las comunidades autónomas más afectadas por los incendios recientes. Estas conversaciones reflejan un amplio apoyo a la iniciativa, aunque algunos detalles técnicos del real decreto aún están pendientes de resolución.
El Ministerio de Trabajo asumirá la gestión y financiación de esta prestación sin necesidad de modificar la actual Ley General de la Seguridad Social. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), existe un superávit de 1.129 millones de euros a marzo de 2026, lo que podría facilitar la creación de este instrumento de ayuda, cuya intención a largo plazo es convertirse en una medida estructural, aunque por ahora se implementará solo temporalmente.
Paralelamente, el Gobierno valora extender el permiso de fallecimiento en casos en que los incendios causen la pérdida de familiares. La propuesta contempla añadir cinco días a los permisos legales ya existentes, que actualmete son de 2 días con posible ampliación hasta 4 si existe desplazamiento y cubren hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Sin embargo, esta ampliación está aún en estudio y podría no incluirse en el real decreto debido a las diferencias con otras situaciones de emergencia, como las vividas en la dana, donde se dieron circunstancias más excepcionales en la búsqueda de personas desaparecidas. En cualquier caso, el texto definitivo del decreto aún no ha sido aprobado en su conjunto por el Ejecutivo.
Se espera que el real decreto se apruebe en el próximo Consejo de Ministros y entre en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), asegurando así la protección inmediata de los trabajadores afectados por los recientes incendios. El Gobierno confía en contar con el respaldo de las organizaciones empresariales, pese a que el volumen y detalle de las bonificaciones a la seguridad social para empresas aún no se han concretado.
Esta medida forma parte de la estrategia del Ejecutivo para responder a las consecuencias laborales derivadas de las condiciones extremas provocadas por fenómenos meteorológicos, reforzando la protección social en momentos críticos para los trabajadores.
Para más detalles sobre la legislación laboral relacionada, puede consultarse el Estatuto de los Trabajadores. También resulta relevante el informe del SEPE sobre superávit que muestra la salud financiera actual del sistema de prestaciones. Además, las recientes reuniones entre el Ministerio de Trabajo y agentes sociales se recogen en informes oficiales de diálogo social.