El Consejo de Ministros aprueba este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una hoja de ruta dotada con hasta 7.000 millones de euros que triplica la inversión del plan anterior. La medida llega como Real Decreto, por lo que no necesita pasar por el Congreso de los Diputados y entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo central es ampliar el parque de vivienda protegida, mejorar la rehabilitación del parque existente y facilitar el acceso a quienes más dificultades tienen, especialmente los jóvenes.
El presupuesto se distribuye en tres grandes bloques. El 40% irá a aumentar la oferta de vivienda protegida de carácter permanente, el 30% se destinará a rehabilitación del parque ya construido mediante ayudas específicas, y el 30% restante financiará medidas de apoyo como el bono alquiler joven, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas de mercado tensionado, donde el acceso a la vivienda resulta especialmente difícil.
Una de las principales novedades del plan es el principio de protección indefinida: todos los inmuebles que se adquieran o promuevan con fondos públicos a través de este plan mantendrán su calificación de vivienda protegida de forma permanente. Esto implica que no podrán ser descalificados ni vendidos a precio de mercado una vez concluido el periodo de protección, como ha ocurrido históricamente con buena parte del parque público. El Gobierno presenta esta medida como un cortafuegos frente a la pérdida de vivienda social que se ha producido en décadas anteriores.
Reparto de la financiación y tensión con las autonomías
El plan establece que el Estado aportará el 60% de la inversión total, mientras que las comunidades autónomas deberán cubrir el 40% restante. Este reparto supone un cambio significativo respecto a planes anteriores, en los que las autonomías financiaban solo el 25% del coste. El incremento en la aportación autonómica ha generado críticas directas desde varios gobiernos regionales del Partido Popular, que han argumentado que la nueva distribución rompe el principio de igualdad entre territorios y limita la autonomía de las comunidades. Algunos consejeros llegaron a calificar el plan de «ideológico».
El texto llega al Consejo de Ministros con casi cuatro meses de retraso respecto al calendario previsto inicialmente por la ministra Isabel Rodríguez, que tenía intención de cerrarlo antes de que terminara 2024. La demora se produjo para incorporar las aportaciones de las comunidades autónomas y buscar puntos de acuerdo, aunque las discrepancias en torno al reparto financiero no han quedado del todo resueltas.
Qué hay para los jóvenes y colectivos vulnerables
El plan incluye un paquete de medidas específicas dirigidas a facilitar la emancipación de los jóvenes, uno de los colectivos con mayor dificultad de acceso a la vivienda en España. El bono alquiler joven sube de 250 a 300 euros mensuales. Además, se introducen ayudas de hasta 300.000 euros para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas permanentes, y ayudas superiores a 10.800 euros para quienes compren o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico, es decir, con pérdida continuada de población.
Para otros colectivos vulnerables —víctimas de violencia de género, personas en riesgo de desahucio, personas sin hogar— el plan también contempla ayudas al alquiler de hasta 250 euros mensuales. Estas líneas de apoyo se articulan dentro del eje dedicado a garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad y a revertir las tensiones en los mercados más presionados, como Madrid, Barcelona o las zonas costeras con mayor demanda turística.
Rehabilitación y vivienda en el medio rural
El bloque de rehabilitación es otro de los pilares del plan. Las ayudas para actuaciones estructurales alcanzan los 8.000 euros por vivienda, las de accesibilidad llegan a 13.000 euros y las destinadas a rehabilitación energética pueden alcanzar los 20.500 euros por unidad. Para viviendas vacías que se pongan en alquiler asequible durante un mínimo de cinco años, la ayuda puede llegar hasta los 35.000 euros, una medida pensada para movilizar stock infrautilizado.
El plan también presta atención al medio rural. Los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán acceder a ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública, que en estos casos podrá destinarse a la venta y no exclusivamente al alquiler. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el déficit de vivienda asequible no es exclusivo de las grandes ciudades, y esta línea busca dar respuesta a municipios que también sufren dificultades para retener o atraer población.
El plan se articula en torno a cinco ejes: impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; rehabilitación para mejorar eficiencia y accesibilidad; apoyo específico a jóvenes para reducir la edad de emancipación; reducción de la tasa de esfuerzo financiero; e intervención en zonas tensionadas. La aprobación por Real Decreto agiliza su puesta en marcha, aunque también limita el debate parlamentario sobre una política que afecta directamente a millones de personas.