En los últimos cinco años, el Gobierno Vasco ha liderado una estrategia junto a empresarios y financieros para mantener en la región a las empresas más representativas y evitar su deslocalización. Esta política ha impulsado operaciones corporativas cuyo valor conjunto supera los 6.000 millones de euros, abarcando sectores clave y compañías emblemáticas como ITP Aero, Talgo, Uvesco o Ayesa.
Desde la entrada del Ejecutivo en el capital de ITP Aero hasta la reciente oferta pública de adquisición (OPA) sobre Azkoyen, promovida por el empresario José Antonio Jainaga, se han sucedido diversas transacciones que responden a un mismo propósito: reforzar la vinculación de las compañías con Euskadi, tanto en producción como en gestión.
Estas intervenciones incluyen la adquisición de participaciones significativas y pactos que limitan la reducción del empleo o el traslado de la dirección fuera del País Vasco, como ocurre en Uvesco, donde los inversores Indar y Stellum Capital tienen capacidad para veto sobre decisiones que afecten más de un 10% de la plantilla. Es habitual que en las operaciones destacadas se configuren derechos similares para preservar el arraigo territorial.
Esta dinámica responde a una preocupación por evitar la desaparición del tejido industrial vasco, fenómeno que ya afectó a grupos como Euskaltel, integrado en Orange; Gamesa, parte de Siemens, o Altos Hornos de Vizcaya, absorbida por ArcelorMittal. La estrategia tiene por tanto un fuerte componente de defensa territorial y apuesta por la continuidad productiva local.
El origen de esta ofensiva está en la creación de Finkatuz en 2021, un fondo público promovido en la etapa de Iñigo Urkullu, con la finalidad de afincar estratégicamente las empresas en Euskadi. En 2025 se constituyó la Alianza Financiera Vasca (AFV), que engloba a entidades como Kutxabank y las fundaciones BBK, Kutxa y Vital, y que continúa la labor impulsando inversiones público-privadas con participación empresarial local.
Entre los aliados más visibles del Ejecutivo destaca José Antonio Jainaga, quien ha liderado importantes operaciones como la compra de Talgo y la oferta sobre Azkoyen, obteniendo respaldo tanto del Gobierno vasco como de la Administración española a través de la Sepi. Asimismo, empresarios como Dámaso Quintana o la familia Ybarra Careaga han reforzado su implicación en compañías vinculadas a sectores industriales y energéticos, como Arteche, que en su última ampliación capitalizó casi 2.000 millones.
Por otro lado, la integración de Teknei y Ayesa Digital persigue crear un grupo tecnológico potente en la región. Además, en Salto Systems destacan inversiones de indudable peso local como las de las fundaciones Indar, la familia Urrutia y otros empresarios vinculados a sectores tradicionales y emergentes.
Las fundaciones vascas y cajas regionales se han consolidado como actores en el capital de grupos cotizados como CAF, Gestamp o Iberdrola, incrementando su presencia en el mercado bursátil para influir en la estrategia de estas empresas. El acompañamiento público-privado pretende no solo frenar la salida de actividades industriales, sino también fomentar su expansión y adaptación a nuevos retos económicos.
Este enfoque integrado demuestra que el Gobierno Vasco y sus socios empresariales están dispuestos a invertir recursos de gran magnitud para preservar el tejido económico regional. La provocación de movimientos corporativos millonarios responde a la voluntad de mantener la soberanía económica local, evitar fugas y situar a Euskadi como un polo de estabilidad empresarial en el marco español y europeo.
Para entender esta ofensiva en profundidad, puede consultarse el análisis del Gobierno Vasco sobre Finkatuz y detalles de la reciente operación de Azkoyen en la información financiera oficial.